La presidenta Claudia Sheinbaum pretende que Talleres Gráficos de México, organismo vinculado a la Secretaría de Gobernación, concentre la mayor parte de la producción de materiales electorales. La propuesta adquiere una dimensión política con el caso de Arturo Manuel Chávez López, quien pasó de dirigir esa institución a convertirse en consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), después de años de colaboración con Sheinbaum.

Chávez fue nombrado director de Talleres Gráficos en octubre de 2025. Apenas seis meses después, el 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados lo designó consejero electoral, pese a no contar con una trayectoria previa en organismos electorales.

Durante el proceso de selección obtuvo 99 puntos de 100 posibles en el examen de conocimientos, una calificación que provocó cuestionamientos sobre posibles favoritismos, aunque no demuestra por sí misma irregularidades. Chávez atribuyó su resultado a su preparación como “científico social”.

Su relación con Sheinbaum comenzó años atrás. Desde 2011 participaba en actividades políticas de la izquierda en Tlalpan, demarcación que ella gobernaría a partir de 2015. En 2012 buscó una diputación por el PRD, sin conseguirla.

Posteriormente ocupó responsabilidades en la administración pública de la Ciudad de México, fue representante jurídico de Claudia Sheinbaum ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y desempeñó funciones relacionadas con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. También ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De colaborador político de Sheinbaum pasó a dirigir una empresa gubernamental estratégica y después a integrar el organismo que debe garantizar elecciones imparciales.

Al defender su nombramiento declaró:

“Me considero un demócrata y ¿qué es ser un demócrata? Aquel que es capaz de respetar las normas, la legalidad, los principios que rigen la vida de una Institución”.

La cuestión es cómo garantizar la independencia de un consejero electoral con vínculos políticos y profesionales prolongados con la titular del Poder Ejecutivo. Esos antecedentes no constituyen una incompatibilidad automática, pero exigen transparencia y vigilancia ante posibles conflictos de interés.

La controversia crece porque Sheinbaum propone transformar Talleres Gráficos en una empresa estatal con Consejo de Administración y supervisión externa, para ampliar su participación en la fabricación de materiales electorales.

“Nosotros vamos a presentar una propuesta la próxima semana para que Talleres Gráficos se vuelva una empresa como tal con su Consejo de Administración y con observación externa. Porque ahí es donde tiene que producirse la mayor parte del material electoral”, anunció.

La justificación presidencial es combatir la concentración de contratos privados, después de los escándalos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, especialmente los señalamientos relacionados con José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas y empresas como Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas.

Sin embargo, sustituir proveedores privados por una mayor concentración gubernamental no garantiza eliminar la corrupción.

El propio Arturo Chávez declaró el 27 de octubre que durante su gestión denunció irregularidades en contrataciones mediante el esquema de “capacidades ampliadas”, donde Talleres Gráficos recibía contratos que posteriormente ejecutaban otras empresas. Según su versión, esas denuncias dieron lugar a investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Talleres Gráficos ya imprime boletas electorales desde hace décadas. En 2024 produjo más de 317 millones de boletas bajo especificaciones y controles del INE. La novedad es la intención presidencial de ampliar su capacidad y concentrar una proporción mayor de la producción.

El antecedente histórico es inevitable. Durante décadas, la Secretaría de Gobernación encabezó la Comisión Federal Electoral y mantuvo influencia sobre la organización de los comicios. Incluso después de crearse el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, Gobernación presidía su Consejo General.

Fue la reforma electoral de 1996 la que separó al Poder Ejecutivo de la dirección del árbitro electoral.

Treinta años después, la discusión vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta: ¿qué garantías impedirán que el Gobierno influya en decisiones estratégicas sobre la producción de boletas electorales?

Que una empresa estatal imprima boletas no significa que el Gobierno controle las elecciones. El riesgo surgiría si pudiera decidir tirajes, autorizar impresiones adicionales, intervenir en la custodia o modificar procedimientos sin vigilancia independiente.

Ante las elecciones de 2027, cuando competirán Morena y las demás fuerzas políticas, resulta indispensable garantizar que el INE conserve el control de las cantidades, medidas de seguridad, supervisión y distribución.

El caso Arturo Chávez vuelve especialmente relevante esa exigencia por su tránsito entre el Gobierno, Talleres Gráficos y el Consejo General del INE.

México construyó su autonomía electoral para que el Gobierno dejara de ser juez y parte. La cuestión de fondo no es quién es dueño de las máquinas que imprimen las boletas, sino quién tiene facultades para ordenar su funcionamiento, verificar los tirajes y garantizar que cada voto sea respetado.