La permanencia de Eneyda Rocha Ruiz en la presidencia del DIF Sinaloa, cuando su padre, Rubén Rocha Moya, lleva seis meses bajo acusaciones de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, constituye una muestra del deterioro político e institucional que enfrenta el estado.

Una burla para los sinaloenses, que padecen diariamente las consecuencias de la violencia criminal, mientras las estructuras de poder vinculadas al exgobernador se mantuvieron prácticamente intactas.

Fue hasta el jueves 29 de octubre, después de una nueva visita del Gabinete de Seguridad federal, cuando la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava concretó el relevo de Eneyda Rocha Ruiz, quien ocupaba la presidencia honorífica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde 2021.

En su lugar fue designada Catalina Esparza Navarrete, quien ya había formado parte del gobierno de Rocha Moya como secretaria de Educación Pública y Cultura. El nombramiento representa un cambio de titular, aunque no necesariamente una ruptura con las estructuras de la administración anterior.

La gravedad política del caso se remonta al 29 de abril de 2026, cuando autoridades de Estados Unidos formularon acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la organización criminal.

Las imputaciones estadounidenses incluyen señalamientos relacionados con narcotráfico, protección a integrantes del crimen organizado y conspiración criminal, dentro de una investigación sobre la presunta colaboración de autoridades con la facción de Los Chapitos.

El gobierno estadounidense solicitó la detención provisional con fines de extradición de los señalados. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que la documentación recibida no aportaba elementos probatorios suficientes para justificar las detenciones, por lo que intervino la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acusaciones no constituyen una sentencia de culpabilidad, pero su dimensión política y judicial resulta imposible de ignorar.

¿Cómo explicar que, frente a semejante escándalo internacional, la hija del principal señalado continuara formalmente en un organismo público del gobierno estatal?

La gobernadora Graciela Domínguez Nava había justificado la situación argumentando que la presidencia del DIF era honorífica y que las funciones operativas correspondían a una directora. También sostuvo que Eneyda llevaba meses apartada de las actividades del organismo.

Pero una ausencia pública no equivale a una separación formal ni resuelve las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.

El problema tampoco termina con el parentesco. Durante la gestión de Eneyda Rocha Ruiz, el periódico Ríodoce documentó presuntas irregularidades en contrataciones del DIF, entre ellas una licitación por más de 356 millones de pesos relacionada con la empresa Mercadeo Getrevanoa, cuya capacidad operativa fue cuestionada. El contrato finalmente no se firmó.

Estas revelaciones agregan una dimensión administrativa al escándalo y hacen indispensable una revisión independiente de los contratos, adjudicaciones y decisiones adoptadas durante su gestión.

Mientras tanto, el estado continúa atrapado en la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, con asesinatos, desapariciones, desplazamientos y una población obligada a modificar sus actividades por el temor a la delincuencia.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, emprendió esta semana nuevas visitas de supervisión a Sinaloa.

Resulta políticamente significativo que el relevo de la hija de Rocha Moya ocurriera precisamente en ese contexto. No está acreditado que las visitas federales hayan provocado su salida, pero la coincidencia vuelve inevitable cuestionar por qué una decisión institucionalmente necesaria tardó tantos meses.

La responsabilidad política no corresponde exclusivamente a Graciela Domínguez Nava. También alcanza al gobierno federal, que debe explicar qué medidas ha tomado para garantizar que las instituciones sinaloenses funcionen con independencia de los intereses del exmandatario y de su círculo político.

La separación de Eneyda Rocha Ruiz no puede presentarse como una limpieza institucional mientras no exista una revisión seria de los manejos del DIF y de las estructuras de poder heredadas por Rubén Rocha Moya.

El mensaje hacia Estados Unidos tampoco es menor. Mientras las autoridades estadounidenses mantienen señalamientos de enorme gravedad contra un exgobernador mexicano, el sistema político local tardó seis meses en formalizar la salida de su hija de uno de los organismos públicos más visibles del estado.

No se trata de responsabilizar a una hija por las acusaciones contra su padre. Se trata de exigir que ninguna institución pública permanezca subordinada a intereses familiares, políticos o partidistas.