La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no ha puesto fin al escándalo de presunta corrupción que sacude al organismo. Por el contrario, las investigaciones sobre contratos irregulares, posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y favoritismo a proveedores han colocado bajo escrutinio al responsable de vigilar el uso de los recursos públicos del Instituto.

Sin embargo, mientras crecen las exigencias para que se investigue a los funcionarios involucrados y se determinen eventuales responsabilidades penales, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ampliar el debate hacia la administración de Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE y uno de los críticos más visibles del oficialismo y de la reforma judicial.

La decisión presidencial introduce un nuevo ingrediente político en un escándalo que exige resultados judiciales y no solamente declaraciones. Auditar las administraciones anteriores es legítimo y necesario; utilizar esa revisión como instrumento de confrontación política sería otra cosa. La diferencia estará en la evidencia, la imparcialidad de las investigaciones y las consecuencias legales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, para que explique qué hizo frente a las irregularidades detectadas durante la gestión de Taddei y cuáles son los avances concretos de sus investigaciones.

El acuerdo representa un hecho políticamente significativo: incluso Morena respaldó la comparecencia del funcionario encargado de fiscalizar internamente al organismo electoral.

El coordinador morenista Ricardo Monreal planteó que Carvente Contreras acuda esta misma semana al Congreso, mientras Elías Lixa, coordinador parlamentario del PAN, confirmó que la petición impulsada por las bancadas opositoras, entre ellas Movimiento Ciudadano (MC), recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas.

El contralor deberá explicar públicamente el estado de las investigaciones ante las comisiones legislativas correspondientes y, cuando existan asuntos sujetos a reserva legal, ofrecer información ante la propia Jucopo dentro de los límites que permita la legislación.

El problema central no es solamente cuántos expedientes ha abierto la Contraloría, sino por qué las irregularidades denunciadas durante la administración de Taddei no se tradujeron oportunamente en sanciones y responsabilidades plenamente esclarecidas.

Carvente Contreras reportó investigaciones relacionadas con 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas, además de distintos expedientes derivados de auditorías y revisiones administrativas.

Pero la acumulación de carpetas y procedimientos no equivale a combatir la corrupción. Después de dos años de cuestionamientos, el órgano fiscalizador tiene que explicar qué encontró, qué medidas adoptó y si existen elementos suficientes para formular denuncias penales.

La comparecencia deberá aclarar también si hubo omisiones, retrasos injustificados o actuaciones que pudieran haber favorecido la impunidad. Estos hechos deben determinarse mediante procedimientos legales; hasta ahora, el llamado del Congreso no constituye por sí mismo una imputación penal contra el contralor.

La coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, advirtió que la salida de Guadalupe Taddei no debe convertirse en una coartada para cerrar las investigaciones ni para liberar de responsabilidades a quienes pudieron participar en operaciones irregulares.

El caso adquirió una dimensión penal después de que la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia por hechos que podrían configurar seis delitos federales.

El abogado panista Roberto Gil Zuarth explicó que las conductas denunciadas comprenden uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La denuncia involucra presuntamente a funcionarios electorales, empresarios, personas físicas y empresas que habrían participado o resultado beneficiados mediante contrataciones cuestionadas.

Entre los señalamientos destacan contratos relacionados con materiales electorales, adjudicaciones directas y posibles beneficios indebidos a proveedores vinculados con funcionarios del Instituto.

Uno de los nombres centrales es José Alfredo Hernández Casillas, empresario cuya cercanía con Guadalupe Taddei y su entorno personal detonó cuestionamientos sobre la independencia de las decisiones administrativas del INE.

Las acusaciones también alcanzan a empresas relacionadas con las contrataciones investigadas, entre ellas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY. Corresponderá a las autoridades establecer la legalidad de cada contrato y la eventual responsabilidad de sus participantes.

La denuncia penal no acredita por sí misma la comisión de delitos, pero obliga a examinar hechos concretos, operaciones financieras, procedimientos de adjudicación y posibles vínculos entre servidores públicos y contratistas.

En este escenario intervino la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, tras la renuncia de Taddei, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar también las contrataciones realizadas durante la administración de Lorenzo Córdova.

“Todo tiene que auditarse, tienen que transparentarse todos esos contratos, tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y debe informarse desde cuándo se firmaron con estos contratistas”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

La declaración plantea una exigencia válida de fiscalización, pero también abre una interrogante política: ¿por qué, cuando el escándalo se concentra en las irregularidades atribuidas a la administración de Taddei, la presidenta introduce de inmediato el nombre de Lorenzo Córdova?

La explicación oficial es que algunos proveedores cuestionados también mantuvieron relaciones contractuales con el Instituto durante administraciones anteriores. Ese antecedente merece investigarse, pero haber contratado a una misma empresa no demuestra, por sí solo, corrupción ni responsabilidad de quienes encabezaron el organismo.

El contraste político resulta inevitable. Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante un procedimiento de designación legislativa por insaculación, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente encabezó la autoridad electoral responsable de organizar la controvertida elección judicial de 2025.

Lorenzo Córdova, por su parte, ha mantenido una posición crítica frente a las reformas institucionales impulsadas por Morena y a las decisiones que, desde su perspectiva, debilitan los contrapesos democráticos.

Por eso, la ampliación de la auditoría puede interpretarse políticamente como un intento de desplazar parte de la atención hacia un adversario del oficialismo. Esa interpretación, sin embargo, no prueba una intención de venganza de Sheinbaum, ni invalida la obligación de investigar cualquier contratación sospechosa, independientemente de cuándo ocurrió.

La verdadera prueba de imparcialidad será que las indagatorias alcancen por igual a todas las administraciones y que sus conclusiones dependan de los documentos, las auditorías y las pruebas, no de las simpatías políticas de los involucrados.

Lo que resulta inadmisible es que una eventual revisión a Lorenzo Córdova sirva para diluir las responsabilidades de Guadalupe Taddei, de los funcionarios que designó o del propio Órgano Interno de Control.

Tampoco puede perderse de vista la importancia institucional del caso. El INE no es cualquier dependencia: es la autoridad encargada de organizar las elecciones federales y garantizar condiciones de legalidad, certeza e imparcialidad.

Si sus procedimientos administrativos fueron utilizados para beneficiar indebidamente a contratistas, el daño no se limitaría al patrimonio público. También alcanzaría la credibilidad del árbitro electoral, particularmente después de una elección judicial marcada por denuncias sobre la distribución de acordeones y la intervención de estructuras políticas en la promoción de candidaturas.

No obstante, las irregularidades administrativas y las acusaciones sobre aquella elección requieren investigaciones diferenciadas. No es jurídicamente válido concluir que existió fraude electoral únicamente porque se investigan contratos del Instituto.

La comparecencia de Víctor Hugo Carvente Contreras, la denuncia presentada por el PAN y las investigaciones de la FGR, la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberán servir para establecer quién autorizó los contratos, quién los supervisó, quién obtuvo beneficios y qué autoridades omitieron actuar.

La responsabilidad política de Taddei no desaparece con su renuncia, como tampoco la responsabilidad administrativa o penal de cualquier otro funcionario que pudiera haber participado en actos ilícitos.

La presidenta Sheinbaum tiene derecho a exigir auditorías que incluyan a Lorenzo Córdova y a cualquier otra administración. Lo que no debería ocurrir es que esa exigencia termine convertida en una distracción frente a los hechos que provocaron la salida de Taddei.