La presidenta Claudia Sheinbaum encontró en los escándalos de presunta corrupción del Instituto Nacional Electoral (INE) un argumento para ampliar la intervención del Gobierno federal en la producción de materiales electorales, mediante Talleres Gráficos de México, organismo público sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
La propuesta surge en medio de la crisis institucional provocada por las investigaciones sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y las relaciones de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
En lugar de limitar la respuesta a investigar irregularidades y sancionar responsables, Sheinbaum plantea concentrar en una empresa estatal la producción de toda la papelería electoral.
“Para eso está Talleres Gráficos de México que es una empresa del Estado mexicano, para producir la papelería electoral toda”, declaró la mandataria.
La Presidenta calificó como “coyotes” a empresarios intermediarios y cuestionó que un reducido grupo de proveedores concentre contratos relacionados con materiales electorales.
Sin embargo, el problema no se limita a quién imprime las boletas, sino a quién supervisa su producción, garantiza su autenticidad y controla su distribución.
La corrupción del INE y la centralización gubernamental
La iniciativa aparece después de la renuncia de Guadalupe Taddei, cuestionada por sus vínculos con José Alfredo Hernández Casillas y por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo electoral.
Las investigaciones también han colocado bajo escrutinio a Raymundo Francisco Hernández Casillas y empresas como Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas, relacionadas en reportajes con contratos de materiales electorales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá determinar si existieron actos de corrupción, colusión, tráfico de influencias o desvío de recursos públicos.
Los antecedentes de Aduanas y Segalmex, instituciones donde se documentaron graves irregularidades, demuestran que la concentración de operaciones en el Gobierno no garantiza por sí misma transparencia ni elimina riesgos de corrupción.
Talleres Gráficos ya imprime boletas federales
Existe un antecedente fundamental: Talleres Gráficos de México ya produce las boletas federales desde hace décadas.
Para las elecciones presidenciales de 2024 imprimió más de 317 millones de boletas, bajo convenios y mecanismos de supervisión establecidos por el INE.
Por tanto, la propuesta presidencial no representa una incorporación inédita del Estado, sino una ampliación de su participación para producir también materiales destinados a elecciones locales, actualmente contratados en distintos casos con proveedores privados.
Un exdirector de Talleres Gráficos advirtió a Grupo REFORMA que considera “poco viable” concentrar toda esa producción en una sola empresa estatal.
“Talleres Gráficos logra producir estas boletas, pero a marchas forzadas y ocupando toda su maquinaria y personal. No creo que le sobre mucha más capacidad como para imprimir las boletas de elecciones locales, máxime que ahora todas las elecciones locales son concurrentes con la federal”, explicó.
Ampliar su capacidad exigiría comprar rotativas, guillotinas, contratar personal y fortalecer los sistemas de seguridad, inversiones que podrían permanecer subutilizadas durante los periodos sin elecciones.
La discusión también involucra el costo de esa expansión y la necesidad de verificar si realmente generaría ahorros frente a contrataciones privadas sometidas a licitaciones transparentes.
La autonomía electoral frente al poder gubernamental
La controversia adquiere mayor importancia ante las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
Aunque la impresión estatal de boletas no significa automáticamente que el Ejecutivo controle las elecciones, una mayor concentración de su producción exige mecanismos de fiscalización independientes.
El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) deben conservar las atribuciones para aprobar diseños, validar cantidades, verificar medidas de seguridad y supervisar la producción y custodia de las boletas.
La pregunta fundamental es si la 4T pretende únicamente sustituir proveedores privados o si la propuesta podría reducir la capacidad de vigilancia de los organismos electorales sobre una actividad estratégica.
La corrupción relacionada con contratos del INE exige investigaciones, responsabilidades y sanciones. Pero sustituir empresarios por una dependencia federal no resuelve automáticamente los problemas de opacidad.
La autonomía del INE y la seguridad de las elecciones deben prevalecer sobre los intereses de los contratistas y del Gobierno en turno.
