Claudia Sheinbaum y Morena han concentrado una formidable maquinaria de propaganda política desde Palacio Nacional, utilizando el poder y los recursos de la comunicación gubernamental para construir una imagen de honestidad que contrasta con los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder que persiguen a personajes vinculados con la llamada Cuarta Transformación.

Guadalupe Taddei se convirtió en uno de los retratos más incómodos de ese discurso. Su salida de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó una institución bajo investigación, contrataciones cuestionadas y una estructura de funcionarios cuya permanencia exige una revisión profunda.

El escándalo tiene nombre y apellido: José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con Cajas Graf, Corporativo Zeg y otras compañías proveedoras de materiales electorales, cuya relación con Taddei y su familia quedó exhibida en fotografías, videos y reportajes periodísticos.

Las empresas relacionadas con Hernández Casillas acumularon contratos por aproximadamente 245 millones de pesos con autoridades electorales de Sonora y el INE, organismos presididos en distintos momentos por Taddei.

La cercanía fue más allá de las oficinas. Las investigaciones periodísticas documentaron reuniones familiares, celebraciones de cumpleaños y encuentros privados en los que participaban Taddei, sus hijos y funcionarios relacionados con las contrataciones del organismo.

El episodio más escandaloso ocurrió en París. Latinus difundió videos de Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la entonces presidenta del INE, acompañado por Hernández Casillas en el lujoso hotel Le Meurice, brindando con champaña mientras el empresario celebraba las vistas de la capital francesa.

No se ha acreditado públicamente quién pagó todos los gastos de aquel viaje. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué hacía el hijo de la máxima autoridad electoral disfrutando de esa cercanía con un empresario beneficiado por contratos del sector?

Tampoco era una relación limitada a un hijo. Los reportajes identificaron a León Fernando Piñeda Taddei en reuniones con el proveedor, junto con otros integrantes de ambas familias.

Las imágenes no prueban por sí mismas un delito, pero plantean preguntas sobre conflictos de interés que ninguna autoridad responsable debería minimizar.

El problema se agrava al revisar quiénes controlaban áreas estratégicas del INE.

Entre los funcionarios señalados aparecen Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, área vinculada con las licitaciones; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros; José Alberto Pérez de Acha, responsable de Servicios de Informática, e Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Igualdad de Género.

Esta última había participado, desde el organismo electoral de Oaxaca, en la adjudicación de un contrato por 32 millones de pesos a Corporativo Zeg, empresa relacionada con la familia Hernández.

Según fuentes del INE citadas por la prensa, 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva eran considerados cercanos a Taddei. Algunos nombramientos fueron relacionados con recomendaciones del propio contratista, señalamientos que requieren esclarecimiento.

La gravedad institucional es evidente: los funcionarios que debían garantizar imparcialidad y vigilar los recursos públicos aparecen vinculados socialmente con uno de los proveedores sujetos a investigación.

El Órgano Interno de Control informó investigaciones que involucran a 15 servidores y exservidores públicos, ocho particulares y 18 empresas, además de otras 25 indagatorias derivadas de auditorías y revisiones.

La Auditoría Superior de la Federación también anunció investigaciones por indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

La responsabilidad penal deberá acreditarse ante las autoridades competentes. La responsabilidad política, sin embargo, exige explicaciones desde ahora.

Y todavía está pendiente esclarecer la conducción del INE durante la cuestionada elección judicial de 2025, marcada por los llamados acordeones y las controversias sobre la independencia del proceso.

Taddei no representa solamente una gestión cuestionada. Su caso permite examinar una forma de ejercer el poder en la que los nombramientos personales, las relaciones con proveedores y la concentración de decisiones pueden debilitar los controles institucionales.

Morena se convirtió en un banquete de oportunistas, adversarios bautizados al obradorismo y personajes provenientes de las estructuras políticas que durante décadas denunció como corruptas. Esa contradicción constituye una de las críticas más severas que enfrenta su proyecto político.

Sheinbaum aseguró que no debía existir ninguna sombra de corrupción en el INE y pidió investigar. Pero la exigencia de transparencia no puede agotarse en una declaración presidencial.

La salida de Taddei no cancela las investigaciones ni resuelve las preguntas sobre los contratos, su familia y los funcionarios que designó.

Morena construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa de regeneración moral. Ahora enfrenta el desafío de demostrar que esa promesa también se aplica a quienes llegaron al poder bajo su proyecto.

Porque la honestidad pública no se acredita con propaganda ni con discursos desde Palacio Nacional. Se demuestra con transparencia, controles independientes y consecuencias para quienes hayan violado la ley.

Y el expediente Taddei, lejos de estar cerrado, constituye una prueba concreta de esa obligación.