El desengaño electoral que golpeó a Donald Trump en Estados Unidos abre una interrogante para México: ¿podrían Claudia Sheinbaum, Morena y el liderazgo de López Obrador enfrentar en 2027 y 2030 un rechazo semejante, alimentado por promesas incumplidas, corrupción, inseguridad y prácticas de concentración del poder? La experiencia estadounidense muestra que ninguna mayoría electoral constituye un cheque en blanco.

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 significaron un revés para Trump, cuya administración enfrentó el descontento por el costo de la vida, la guerra contra Irán y sus decisiones económicas. Los demócratas recuperaron el control del Congreso, mientras el presidente amenazó con utilizar el veto contra iniciativas de sus adversarios.

Aunque el veto es una facultad constitucional, convertirlo en instrumento sistemático de confrontación podría profundizar la parálisis institucional. Es una expresión del conflicto entre un presidente que pretende conservar su capacidad de decisión y un electorado que modificó el equilibrio de poderes.

En México, Morena ha utilizado su mayoría legislativa para transformar instituciones fundamentales, incluida la integración del Poder Judicial, mediante una elección popular que registró apenas 12.93% de participación y estuvo acompañada por cuestionamientos sobre los llamados acordeones para orientar el voto.

A ello se suma la crisis del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, cuya gestión quedó cuestionada por las contrataciones de materiales electorales y sus vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y los beneficios obtenidos por los hijos de Taddei. Su sucesión coloca nuevamente bajo examen la independencia de la autoridad encargada de organizar las elecciones.

Pero el mayor problema para la credibilidad del obradorismo es el contraste entre su promesa de acabar con la corrupción y los escándalos surgidos durante sus gobiernos.

Segalmex terminó en un fraude de cerca de 15 mil millones de pesos, mientras su primer director, Ignacio Ovalle Fernández, mentor de López Obrador en sus inicios políticos, quedó bajo cuestionamiento por su responsabilidad administrativa y política.

En Birmex se identificaron adjudicaciones de medicamentos con posibles sobrecostos de 13 mil millones de pesos. El huachicol fiscal en la Marina reveló presuntas redes de contrabando con participación de mandos navales, entre ellos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, familiares políticos del exsecretario almiranteJosé Rafael Ojeda Durán.

Especial atención merecen los negocios de Amílcar Olán Aparicio, cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente. Empresas relacionadas con Olán obtuvieron contratos públicos, mientras Portacelis Gas and Oil, vinculada a su entorno empresarial, recibió autorización para importar 52 millones de litros de diésel apenas tres días antes de concluir el sexenio de López Obrador. Posteriormente, el SAT señaló presuntas omisiones fiscales por 834 millones de pesos.

Son expedientes de distinta naturaleza y con responsabilidades todavía sujetas a investigación. Pero todos obligan a preguntar si el combate a la corrupción alcanza también a los círculos cercanos al poder.

El balance económico tampoco puede quedar fuera. Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, Mexicana de Aviación, Tren Interoceánico y la cancelación del aeropuerto de Texcoco constituyen decisiones multimillonarias cuyos resultados deben contrastarse con los recursos comprometidos, sus beneficios y el crecimiento de la deuda pública.

Las elecciones de 2027 serán una prueba para Morena, y la presidencial de 2030 permitirá evaluar con mayor perspectiva el proyecto iniciado por López Obrador.

La experiencia de Trump deja una lección sobre la fragilidad del respaldo político: ganar una elección no garantiza conservar indefinidamente la confianza ciudadana. Cuando las promesas de honestidad, bienestar y seguridad chocan con los resultados, el desgaste puede convertirse en un problema electoral.

La verdadera pregunta es si el obradorismo responderá a sus contradicciones con transparencia, resultados y rendición de cuentas, o continuará privilegiando la defensa política de su proyecto frente al escrutinio público.