La trama de contrataciones millonarias vinculada a la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó también a la elección judicial del 1 de junio de 2025. Dos empresas relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron contratos por 123 millones 143 mil 630 pesos para suministrar documentación y materiales electorales en cinco entidades federativas.
La investigación publicada por EL UNIVERSAL revela que Cajas Graf y Litho Formas, identificadas como parte de una red empresarial ligada al llamado clan Taddei, recibieron adjudicaciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit.
Los contratos forman parte de una trama de relaciones empresariales y procedimientos de contratación examinados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante indicios de competencia simulada, vínculos entre proveedores y adjudicaciones directas presuntamente injustificadas.
El mayor volumen de recursos se concentró en Quintana Roo, donde el Instituto Electoral adjudicó a Litho Formas el contrato IEQROO/LPN/16/2025, por 34 millones 798 mil pesos, para la impresión de documentación electoral. En el mismo procedimiento, Cajas Graf recibió una adjudicación adicional de 15 millones 897 mil 222 pesos, destinada al suministro de materiales.
En conjunto, las operaciones representaron aproximadamente 50.7 millones de pesos para la elección judicial en esa entidad.
En Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral entre 2014 y 2021, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana adjudicó a Cajas Graf el contrato 038/2025, por 29 millones 996 mil 292 pesos.
Posteriormente, mediante el instrumento 039/2025, se añadieron un millón 102 mil pesos, elevando el monto a 31 millones 98 mil 292 pesos.
La distribución de los contratos continuó en San Luis Potosí, donde Litho Formas recibió 16 millones 899 mil 925 pesos; en Coahuila, con el contrato LPN-002-2025, por 16 millones 874 mil 959 pesos; y en Nayarit, donde la misma empresa obtuvo 7 millones 575 mil 228 pesos.
El problema va más allá de los montos adjudicados. Las investigaciones periodísticas identificaron un esquema en el que empresas presuntamente vinculadas participaban en las mismas licitaciones como si fueran competidoras independientes, pese a compartir representantes, domicilios fiscales y relaciones comerciales.
De acuerdo con la información revisada, las compañías cambiaban frecuentemente de representantes legales y direcciones registradas ante el Registro Público del Comercio, circunstancias que han generado cuestionamientos sobre la independencia real de sus propuestas económicas.
En el Estado de México, una visita periodística encontró que Cajas Graf y Corporativo Zeg, otras dos compañías relacionadas con el grupo empresarial, operaban a escasa distancia.
La primera se localiza en Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc, Ecatepec, mientras que la segunda tiene domicilio en Escape 76, apenas dos calles antes.
Un trabajador de Cajas Graf reconoció la relación operativa entre ambas compañías:
“Está aquí adelante, a dos cuadras. Ahí están las oficinas de la otra empresa a la que le hacemos trabajo y ellos a nosotros”.
Aunque la colaboración comercial entre empresas no constituye por sí misma una ilegalidad, su participación como supuestas competidoras independientes en procedimientos públicos plantea interrogantes sobre la transparencia y autenticidad de las licitaciones.
Las indagatorias identifican como figuras centrales de este entramado a los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuya relación comercial con los organismos electorales se remonta a 2014, cuando Taddei encabezaba el instituto electoral sonorense.
Las investigaciones difundidas desde el 26 de octubre señalan que las empresas relacionadas con este grupo habían acumulado, en años anteriores, contratos superiores a mil millones de pesos en organismos electorales de al menos 13 estados.
La nueva documentación sobre las compras realizadas durante la elección judicial de 2025 amplía el alcance del caso y coloca bajo revisión no solamente los procedimientos administrativos del INE, sino también las decisiones de contratación adoptadas por los OPLE.
El punto central de las investigaciones consiste en determinar si existió coordinación indebida entre empresas, si las licitaciones garantizaron competencia efectiva y si funcionarios electorales favorecieron deliberadamente a determinados proveedores.
También deberá esclarecerse si Guadalupe Taddei tuvo alguna intervención en estas operaciones. Su relación con los empresarios investigados no demuestra, por sí sola, responsabilidad administrativa o penal, y los contratos locales fueron formalizados por organismos con atribuciones propias.
Sin embargo, la coincidencia de proveedores, los antecedentes comerciales y las presuntas irregularidades detectadas obligan a examinar el alcance de una red que suministró materiales para uno de los procesos electorales más controvertidos de los últimos años.
La elección judicial de 2025 queda así bajo un nuevo escrutinio: no solamente por las controversias sobre sus mecanismos de votación, sino por el destino de los recursos públicos utilizados para organizarla.
Corresponderá a la ASF, la UIF y las autoridades competentes establecer si las anomalías denunciadas constituyen infracciones administrativas o posibles delitos, así como identificar a los funcionarios y empresarios que pudieran resultar responsables.
