La resistencia de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) obligó a dar marcha atrás a una de las disposiciones más controvertidas de la reforma judicial impulsada por Morena y la Cuarta Transformación. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aceptó modificar el sistema de evaluación de 32 mil empleados, eliminando su carácter sancionatorio y la posibilidad de perder el empleo por los resultados.
La decisión representa un cambio respecto del esquema publicado apenas el jueves 5 de noviembre, que provocó paros de labores, protestas y bloqueos de avenidas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país.
El acuerdo se alcanzó el sábado 7 de noviembre, después de una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre su presidente, Hugo Aguilar Ortiz; el titular del OAJ, Néstor Vargas, y los representantes de los tres sindicatos del Poder Judicial Federal.
La controversia comenzó cuando el organismo encargado de administrar al Poder Judicial estableció un mecanismo de evaluación para secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, que vinculaba el desempeño profesional con la permanencia en sus puestos.
Uno de los aspectos más cuestionados era que las opiniones de jueces, magistrados y compañeros de trabajo representarían el 30 por ciento de la calificación, lo que, según los inconformes, abría la posibilidad de decisiones subjetivas, favoritismos y represalias laborales.
La presión de los trabajadores consiguió que el organismo aceptara eliminar los efectos sancionatorios de las evaluaciones, así como revisar los criterios que permitían valoraciones discrecionales.
La SCJN informó:
“Como parte de las modificaciones, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo”.
La Corte también confirmó que desaparecerán las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales.
“Se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares (Jueces y Magistrados) y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad”.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, informó que el nuevo esquema contempla asignar 80 por ciento de la evaluación a exámenes y capacitación, mientras que el 20 por ciento restante corresponderá a la valoración laboral.
La intervención de Hugo Aguilar Ortiz permitió destrabar el conflicto, aunque puso de relieve una particularidad de la nueva estructura judicial: la Suprema Corte ya no tiene atribuciones administrativas sobre el resto del PJF, funciones que la reforma transfirió al OAJ.
El episodio también coloca bajo escrutinio a Néstor Vargas, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 21 de agosto de 2025 como su propuesta para integrar el nuevo organismo judicial.
Vargas había sido consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Sheinbaum, antecedente que añade una dimensión política al conflicto por el alcance de las nuevas facultades administrativas del Poder Judicial.
La controversia tiene, además, un problema jurídico de fondo.
La Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, publicada el 2 de enero de 2025 y aprobada por Morena y sus aliados, establece en su artículo 36 que la permanencia de determinadas categorías del personal está sujeta a los resultados de las evaluaciones de desempeño.
El artículo 38 contempla, entre las causales de separación de la carrera judicial, no acreditar el procedimiento de evaluación establecido por el órgano competente.
Por ello, aunque el OAJ retire las consecuencias sancionatorias de su acuerdo administrativo, la contradicción con las disposiciones de la ley permanece como una cuestión jurídica que deberá resolverse.
Originalmente, el organismo había previsto una evaluación exclusivamente “diagnóstica” para 2026, mientras que a partir de 2027 se contemplaba un examen extraordinario para quienes no acreditaran la primera evaluación.
Ahora, las autoridades aceptaron modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre, y establecer mesas permanentes de trabajo con las representaciones sindicales.
Los cambios deberán formalizarse mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, prevista para el lunes 9 de noviembre, fecha en la que también se anunció la reanudación normal de las actividades jurisdiccionales.
El conflicto deja una consecuencia política significativa: la movilización de la base trabajadora consiguió modificar la aplicación de una de las disposiciones derivadas de la reforma judicial de la 4T.
También abre un debate sobre los límites del Órgano de Administración Judicial, la protección de los derechos laborales y la necesidad de que los mecanismos de evaluación sean objetivos, transparentes y compatibles con la legislación vigente.
Mientras el Gobierno federal presenta la reforma judicial como un instrumento para transformar la impartición de justicia, los trabajadores consiguieron que las autoridades revisaran un mecanismo que consideraban una amenaza a su estabilidad laboral.
La evaluación continuará, pero las consecuencias punitivas anunciadas quedaron sujetas a su eliminación formal. La siguiente prueba será comprobar que el nuevo acuerdo respete tanto los derechos de los trabajadores como las obligaciones establecidas por la ley.
