El escándalo de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) adquiere una nueva dimensión. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirectivo del organismo y señalado como operador de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados con una red de contrataciones electorales bajo investigación.
El caso revela que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, sino que podrían formar parte de un esquema desarrollado durante casi dos décadas, con funcionarios que permanecieron en posiciones estratégicas del organismo electoral mientras cambiaban sus autoridades.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a Cuervo Escalona a la Lista de Personas Bloqueadas, después de identificar movimientos financieros sospechosos y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con contratos de materiales y servicios electorales.
Cuervo Escalona ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) a finales de 2003, cuando Luis Carlos Ugalde presidía el organismo. Su permanencia se extendió durante las administraciones de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, mucho antes de que Taddei asumiera la presidencia del INE en abril de 2023.
En 2011 ya ocupaba una dirección de análisis y, a partir de 2014, adquirió responsabilidades sobre proyectos institucionales que le permitieron intervenir en aspectos técnicos y normativos relacionados con los materiales electorales.
Posteriormente, como director de Coordinación y Análisis, participó en procesos vinculados con la estandarización del Reglamento de Elecciones y las especificaciones de urnas, canceles y paquetes electorales utilizados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Estas disposiciones pudieron favorecer a empresas relacionadas con los Hernández Casillas, al establecer condiciones técnicas que restringían la competencia de otros proveedores.
Entre las compañías señaladas aparecen Corporativo ZEG, Cajas Graf y Litho Formas, vinculadas comercialmente con los empresarios y beneficiadas con contratos de materiales electorales en distintas entidades del país.
La investigación periodística señala que Corporativo ZEG y Cajas Graf fueron constituidas en diciembre de 2015 ante la Notaría 181 de la Ciudad de México y posteriormente participaron en procedimientos de contratación en los que habrían simulado competir entre sí.
Entre 2016 y 2023, ambas empresas obtuvieron contratos que sumaron 302.9 millones de pesos en Veracruz, 203.6 millones en Hidalgo y 69.5 millones en Coahuila, según las cifras publicadas por el diario.
El señalamiento más delicado contra Cuervo Escalona es que su relación con los proveedores habría trascendido sus funciones como servidor público.
En junio de 2023, después de la llegada de Taddei a la presidencia del INE, Cuervo Escalona fue nombrado apoderado legal de Corporativo ZEG, empresa vinculada con los Hernández Casillas, mientras todavía ocupaba un cargo directivo dentro del instituto, de acuerdo con la documentación periodística.
La coincidencia de funciones públicas y representación empresarial plantea un posible conflicto de interés que debe ser esclarecido por las autoridades.
Las indagatorias financieras también apuntan a transferencias realizadas desde empresas del grupo hacia cuentas bancarias del exfuncionario.
Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litho Formas habrían enviado aproximadamente 3 millones de pesos a una cuenta de Cuervo Escalona en Scotiabank, mediante operaciones procesadas por Cecoban y registradas bajo conceptos de viáticos y préstamos.
A esos movimientos se sumarían depósitos en efectivo por 1.7 millones de pesos y la adquisición al contado de un departamento valuado en 1.95 millones de pesos.
Estas operaciones forman parte de los señalamientos periodísticos y requieren una determinación de las autoridades competentes para establecer su origen, justificación y eventual relación con delitos.
El caso se incorpora a una investigación mucho más amplia sobre los contratos electorales obtenidos por empresas relacionadas con los Hernández Casillas, cuyo entramado ha sido señalado por presuntas prácticas de simulación de competencia, concentración de adjudicaciones y utilización indebida de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también aparece en el contexto de las indagatorias sobre el sistema de adquisiciones, cuyos mecanismos de supervisión y control quedaron bajo cuestionamiento.
El escándalo alcanzó directamente a Guadalupe Taddei, después de las revelaciones sobre su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas y los negocios de empresas vinculadas con el contratista.
El pasado 4 de noviembre, la SHCP informó que la UIF incorporó a su lista de bloqueo a 40 personas físicas y morales, entre ellas 25 personas físicas y 15 empresas, relacionadas con proveedores electorales.
La dependencia también confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar las posibles responsabilidades derivadas de las operaciones detectadas.
Sin embargo, el congelamiento de cuentas no equivale a una sentencia ni demuestra por sí mismo responsabilidad penal. Se trata de una medida administrativa preventiva que puede ser impugnada y que debe distinguirse de las investigaciones judiciales.
La nueva información abre preguntas sobre los controles internos que permitieron la permanencia de funcionarios con presuntos vínculos con proveedores y sobre la capacidad del INE para impedir que las especificaciones técnicas de sus materiales electorales fueran utilizadas para favorecer intereses particulares.
También amplía el periodo que deberán revisar las autoridades, porque las operaciones señaladas atraviesan administraciones encabezadas por Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.
La investigación ya no se limita a las decisiones adoptadas durante la presidencia de Taddei. El problema central es determinar si existió una red transexenal de funcionarios y empresarios que aprovechó las estructuras del árbitro electoral para obtener contratos multimillonarios.
Con Cuervo Escalona bajo restricciones financieras, el siguiente paso corresponde a la FGR, que deberá esclarecer si los movimientos bancarios, las relaciones comerciales y los procedimientos de contratación constituyen conductas delictivas y, en su caso, determinar las responsabilidades individuales.











