La narrativa de “No estás solo” que se promovió desde la presidencia de Claudia Sheinbaum en defensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comenzó a desdibujarse en cuestión de días ante el avance de las acusaciones provenientes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y el endurecimiento de la postura de la administración de Donald Trump.
Lo que inició como un respaldo institucional exigiendo pruebas a Estados Unidos, derivó en un viraje político que hoy coloca a Morena en una posición de contención, deslinde y posible entrega del ex gobernador a Estados Unidos.
La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, presentada tras hacerse públicas las imputaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, no solo marca un punto de inflexión en su trayectoria política, sino que también exhibe la fragilidad del discurso de soberanía frente a los hechos. La decisión fue rápidamente arropada por liderazgos del oficialismo como Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), quien defendió la medida en redes sociales con un mensaje que refuerza la narrativa interna del movimiento.
“En política, como en la vida, la forma es fondo. La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, como Gobernador de Sinaloa, es de una consistencia política formidable: verdad y justicia”, escribió el legislador poblano.
“El que nada debe nada teme. La congruencia y la consistencia son las armas más fuertes de la transformación y lo que más valora el pueblo de México”, añadió, en un intento por convertir la crisis en un acto de legitimación política.
Sin embargo, el posicionamiento de Ignacio Mier también incluyó un contraste político directo con la oposición, particularmente con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien señaló por su negativa a comparecer ante el Senado en torno a la participación de agencias estadounidenses en operativos de seguridad.
“Contraste total con la actitud del PAN y su Gobernadora de Chihuahua, que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación ‘a modo’”, sostuvo.
En paralelo, la interpretación jurídica del caso agrega un elemento de mayor presión. De acuerdo con Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la separación del cargo implica la pérdida del fuero constitucional, lo que abre la puerta a un eventual proceso judicial sin las protecciones que otorga el cargo público. Este elemento modifica sustancialmente el tablero político y legal en el que se mueve el ex mandatario estatal.
El trasfondo de este episodio no es menor. La reacción de Morena sugiere un ajuste pragmático frente a la presión internacional, particularmente en un contexto donde la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa por tensiones en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación operativa. La rapidez con la que el oficialismo transitó de la defensa cerrada al distanciamiento estratégico revela una prioridad: contener el impacto político rumbo a la elección de 2027, donde estarán en juego 17 gubernaturas, miles de alcaldías y la correlación de fuerzas en el Congreso.
El caso de Rubén Rocha Moya se convierte así en un termómetro de la capacidad de la Cuarta Transformación para sostener su narrativa frente a presiones externas. También exhibe una contradicción estructural: la defensa discursiva de la soberanía frente a una práctica política que, en momentos críticos, parece alinearse con las exigencias de Washington.
