La confrontación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de Chihuahua escaló a un nuevo nivel tras el operativo realizado en abril contra un narcolaboratorio presuntamente intervenido con apoyo de agentes de la CIA, un caso que ya se convirtió en un conflicto constitucional, diplomático y de seguridad nacional.
La dependencia federal confirmó que abrió una nueva línea de investigación contra autoridades estatales por presuntamente haber invadido competencias exclusivas de la Federación al perseguir delitos vinculados con delincuencia organizada y, además, por posibles acuerdos o coordinación con autoridades extranjeras fuera del marco constitucional mexicano.
Sin embargo, un reporte de CNN del 12 de mayo de 2026 reveló que una explosión en marzo de 2026 cerca del AIFA, donde murió el operador del Cártel de Sinaloa, Francisco Efraín Beltrán (“El Payín”), fue un asesinato selectivo de la CIA con conocimiento del gobierno mexicano y Estados Unidos aunque han negado categóricamente la participación de la agencia en el ataque.
En un comunicado, la FGR sostuvo que la persecución de delitos relacionados con organizaciones criminales y laboratorios clandestinos corresponde únicamente al ámbito federal, al tratarse de ilícitos previstos en la Ley General de Salud y vinculados con estructuras criminales de alto impacto.
“Se estima relevante comunicar que el contenido normativo de la Ley General de Salud da competencia exclusiva a la Federación, para investigar, perseguir y sancionar, delitos cuando existan elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada”, indicó la institución.
La tensión aumentó porque la investigación ya no sólo gira alrededor de la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, sino también sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a la que la Federación acusa de haber ejecutado el operativo de los días 17 y 18 de abril sin entregar posteriormente los indicios, sustancias aseguradas ni el inmueble bajo una cadena formal de custodia.
La dependencia federal también endureció el tono al advertir que la conducción de la política exterior y la seguridad nacional son facultades reservadas al Gobierno federal, dejando entrever que cualquier coordinación estatal con otro país podría constituir una violación constitucional.
“La conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República”, señaló la institución.
El caso revive la polémica generada desde abril, cuando trascendió que agentes estadounidenses participaron en acciones operativas en territorio de Chihuahua, situación que derivó en cuestionamientos sobre el nivel de autorización federal, el alcance de la cooperación bilateral y el papel de las agencias norteamericanas dentro de México.
La FGR informó que mantiene abiertas dos carpetas de investigación: una relacionada con posibles delitos contra la seguridad nacional cometidos por servidores públicos que habrían permitido la participación de agentes extranjeros, y otra por delitos contra la salud vinculados directamente con el narcolaboratorio.
Hasta el momento, 40 de los 47 funcionarios citados ya rindieron declaración ministerial, mientras que otros siete fueron nuevamente convocados luego de no atender el primer requerimiento del Ministerio Público Federal. La Fiscalía no descartó ampliar las comparecencias a más funcionarios estatales conforme avancen las indagatorias.
Uno de los puntos más delicados del conflicto es la acusación federal sobre presuntas anomalías en la preservación de evidencias. Según la versión oficial, cuando peritos y agentes federales arribaron al sitio intervenido, las autoridades locales no entregaron formalmente los indicios ni garantizaron la cadena de custodia del inmueble y las sustancias encontradas.
“Los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de fuerzas federales, al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas”, acusó la dependencia.
El episodio exhibe una creciente disputa por el control de las investigaciones de alto impacto relacionadas con el narcotráfico, en medio de un contexto marcado por la presión de Estados Unidos sobre México para combatir laboratorios clandestinos y redes de producción de drogas sintéticas.
