El robo de gas LP en México se convirtió en uno de los negocios ilícitos más rentables para el crimen organizado, al registrar un crecimiento sostenido durante los últimos seis años y alcanzar en 2025 su punto más alto, 337% en los últimos 6 años, de acuerdo con información oficial de Pemex obtenida vía Transparencia.
El aumento descontrolado se da desde el segundo año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras en 2020 la petrolera reportó el robo de 89 mil 190 toneladas de gas LP, para 2021 la cifra aumentó a 140 mil 279 toneladas y en 2022 escaló hasta 194 mil 507 toneladas. Aunque en 2023 hubo una ligera reducción con 179 mil 40 toneladas, el fenómeno volvió a dispararse en 2024, cuando se contabilizaron 337 mil 50 toneladas, hasta llegar en 2025 a un récord de 425 mil 740 toneladas ordeñadas de los ductos de distribución.
La dimensión del problema mantiene presión sobre la infraestructura estratégica de Pemex que encabeza Víctor Rodríguez Padilla, particularmente sobre el ducto que conecta Cactus, Chiapas, con Guadalajara, considerado la principal columna de distribución de gas LP del País. Según los datos oficiales, la totalidad del combustible robado en 2025 provino de esa red.
El impacto económico también exhibe la magnitud del mercado ilegal. Con un precio promedio de 19 pesos por kilogramo, el valor comercial del combustible sustraído durante 2025 asciende a aproximadamente 8 mil 89 millones de pesos, una cifra que prácticamente duplica las pérdidas no operativas reconocidas oficialmente por Pemex, calculadas en 4 mil 261.7 millones de pesos.
Las cifras reflejan además la consolidación de una economía criminal paralela alrededor del energético. Tan sólo en 2025, organizaciones dedicadas al robo y comercialización clandestina de gas LP habrían obtenido ganancias cercanas a 22 millones de pesos diarios, sin que exista claridad pública sobre el nivel de persecución penal o sentencias relacionadas con este delito.
El fenómeno no se detuvo en 2026. Entre enero y febrero, Pemex reportó el robo de alrededor de 26 mil toneladas de gas LP extraídas ilegalmente de los ductos, lo que mantiene vigente la preocupación sobre la capacidad del Estado para contener una actividad que compromete tanto la seguridad energética como el control territorial en diversas regiones del País.
El crecimiento del llamado “huachigas” ocurre en paralelo al fortalecimiento de redes criminales dedicadas al robo de combustibles, una actividad que en los últimos años evolucionó del saqueo de gasolina y diésel hacia el control de mercados regionales de gas LP, aprovechando la alta demanda doméstica y la complejidad para rastrear el producto una vez extraído ilegalmente.
