El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, dejó una señal política inequívoca: el nombre de Rubén Rocha Moya se volvió incómodo dentro del movimiento y deja una sombra indeleble de narcopartido.

A diferencia de otros episodios, esta vez no hubo coro de respaldo ni el habitual “¡No estás solo!”, reflejo de un cambio de tono frente a la crisis que envuelve al gobernador con licencia de Sinaloa y fue apagado en segundos, como un inicio de fuego amenazante.

Aunque Rocha Moya no asistió al encuentro, su ausencia no diluyó su peso político. Por el contrario, su caso se convirtió en una presencia tácita que atravesó el cónclave sin generar respaldo abierto. Incluso, cuando algunos delegados sinaloenses intentaron impulsar una muestra de apoyo, el gesto se desvaneció rápidamente ante la falta de eco entre los más de tres mil asistentes.

La dirigencia optó por una estrategia de contención. Mientras figuras como Dolores Padierna rechazaron la narrativa de que Morena sea un “narcopartido”, el resto de los cuadros relevantes evitó asumir costos políticos directos. El mensaje dominante fue claro: el caso debe resolverse en el ámbito institucional. En esa línea, senadores y diputados trasladaron la responsabilidad a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su titular, Ernestina Godoy.

El deslinde fue evidente. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo su confianza en la fiscalía, pero marcó distancia personal al afirmar: “No lo conozco”, en referencia a Rocha Moya. En la misma lógica, insistió en que ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador deben intervenir: “Para eso está la ley, la justicia y la Constitución”.

La única defensa matizada provino de Gerardo Fernández Noroña, quien expresó confianza en la inocencia del mandatario, aunque advirtió que, de confirmarse las acusaciones, “no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso”. La declaración, lejos de ser un respaldo pleno, se alineó con el discurso de legalidad que Morena busca proyectar ante el impacto del señalamiento proveniente de la Corte del Sur de Nueva York.

En los pasillos del congreso, el diagnóstico fue más crudo. Algunos militantes reconocieron en privado la necesidad de depurar al partido de “lacras” para sostener la narrativa anticorrupción que ha sido eje de la Cuarta Transformación. La tensión interna se evidenció en un ambiente menos festivo de lo esperado, pese a los intentos de animación como la batucada en el acceso principal.

En contraste, el cierre de filas fue total en torno a Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador, cuyo legado fue reivindicado como eje ideológico del movimiento. El simbolismo no fue menor: los congresistas recibieron materiales doctrinarios y promocionales, incluidos libros como ¡Gracias! y Diario de una transición histórica, reforzando la cohesión discursiva en medio de la crisis.

La elección unánime de Ariadna Montiel como nueva presidenta de Morena también marcó el tono hacia el proceso electoral próximo. En su mensaje, dejó claro que la disciplina interna será determinante y que la integridad pesará más que la rentabilidad electoral, al advertir que nadie podrá aspirar a una candidatura sin una trayectoria “impecable”.

El caso de Rubén Rocha Moya se convierte así en un punto de inflexión para Morena. No sólo pone a prueba la congruencia del discurso anticorrupción, sino que anticipa el dilema central rumbo a 2027