La Administración de Donald Trump elevó el nivel de presión sobre México al establecer que la cooperación en la lucha contra el narcotráfico dependerá de resultados verificables del gobierno de Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de detenciones y extradiciones de líderes criminales.

En su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, la Casa Blanca fijó como condición central que México avance en acciones judiciales concretas contra los cárteles, en línea con una política que endurece los mecanismos de cooperación bilateral. “Esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”, establece el documento oficial.

El anuncio ocurre en un momento particularmente delicado para la relación entre ambos países, tras la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve individuos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, refuerza la narrativa de Washington sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas.

El endurecimiento de la postura estadounidense tiene un antecedente inmediato: en febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y a otros grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que amplió significativamente el margen legal y operativo de Washington para intervenir en su combate, incluyendo presión diplomática, sanciones y cooperación condicionada.

En ese contexto, la nueva estrategia plantea una coordinación más profunda entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas. “El Departamento de Estado… en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del Gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”, subraya el documento.

El plan también contempla intensificar el intercambio de inteligencia, los programas de capacitación a funcionarios mexicanos y el respaldo a operativos conjuntos, lo que, en los hechos, implica una mayor injerencia estadounidense en la estrategia de seguridad nacional de México.

Paradójicamente, esta presión coincide con un incremento sin precedentes en las entregas de presuntos criminales a Estados Unidos durante el actual gobierno mexicano. De acuerdo con datos revelados por Grupo REFORMA, en 2025 se registraron al menos 133 transferencias —entre extradiciones y expulsiones—, superando el récord histórico de 115 alcanzado en 2012 durante la administración de Felipe Calderón.

El mensaje de Washington es inequívoco: la cooperación ya no será evaluada por compromisos políticos o discursos, sino por métricas concretas. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, esto representa un dilema estratégico: mantener el discurso de soberanía frente a la presión externa o profundizar una colaboración que, aunque efectiva en términos operativos, podría tener costos políticos internos en un entorno marcado por acusaciones de colusión entre poder político y crimen organizado.