Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra constructoras, contratistas, servidores públicos.
La Secretaría de Marina (Semar) desde la administración del almirante Rafael Ojeda Durán hasta el almirante Raymundo Morales, está directamente involucrada en la operación, en las contrataciones y la supervisión del proyecto ferroviario.
Acompañadas por su equipo legal, las víctimas acudirán a la FGR para exponer presuntas irregularidades en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z, responsabilidades que —subrayan— recaen en la Marina, dependencia que administra y opera el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y que ha tenido control sobre procesos de contratación y ejecución.
“La denuncia busca que se investiguen las graves fallas técnicas y administrativas, así como la cadena de decisiones adoptadas bajo la gestión de la Semar, que habrían derivado en la tragedia”, indica la invitación a medios enviada por el despacho Vega Mac Gregor Arellano, en la que se adelanta que se hará público el contenido íntegro de la denuncia y el pliego de exigencias de los afectados.
El descarrilamiento se registró a las 9:28 horas del 28 de diciembre, en la zona de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, sobre la Línea Z, con un saldo de 14 personas fallecidas. El proyecto —de carácter federal— es operado por la Marina, que además coordina la vigilancia, el mantenimiento y la seguridad del sistema ferroviario.
Los abogados sostienen que la investigación debe abarcar posibles omisiones en supervisión, deficiencias en la calidad de obra, contrataciones irregulares y fallas operativas, con el fin de acreditar responsabilidades penales y administrativas no sólo de empresas privadas, sino también de mandos y funcionarios de la Semar vinculados a la gestión del tren.
Previo a la presentación formal de la denuncia, las víctimas emitirán un mensaje inicial a los medios, donde detallarán las presuntas responsabilidades de la Marina y las acciones legales que emprenderán para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.
