La propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de confrontación política al interior del Congreso. Legisladores y dirigentes de oposición sostienen que el proyecto deja vacíos en uno de los temas más sensibles del sistema democrático mexicano: la infiltración de recursos ilícitos y del crimen organizado en los procesos electorales.
La iniciativa presidencial plantea fortalecer la fiscalización del gasto electoral mediante mecanismos de supervisión en tiempo real, particularmente durante las campañas de precandidatos y candidatos a cargos públicos. Sin embargo, críticos del proyecto advierten que ese esquema no incluye controles para los procesos internos de selección de candidatos dentro de los partidos, etapa que en los últimos años se ha convertido en el verdadero arranque de las contiendas políticas.
El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, afirmó que la reforma ignora deliberadamente lo que calificó como “antecampañas o preprecampañas” que en la práctica funcionan como campañas anticipadas. Según el legislador, al no ser consideradas formalmente dentro del marco de fiscalización, esas etapas quedarían fuera del alcance de investigaciones sobre financiamiento ilegal.
Triana señaló que, de acuerdo con la redacción actual de la iniciativa, incluso si se detectaran irregularidades financieras en una campaña —incluidas aportaciones provenientes del crimen organizado— las sanciones no necesariamente afectarían la candidatura ni el resultado electoral.
“Los aspirantes podrán avanzar en procesos internos sin ser sujetos de investigación, aun cuando existan indicios de recursos ilícitos”, advirtió el legislador panista.
El senador Ricardo Anaya, también del PAN, fue más allá y acusó que la propuesta presidencial evita explícitamente abordar el problema del financiamiento criminal en la política. A su juicio, la iniciativa ni siquiera menciona de forma directa al crimen organizado como riesgo para las elecciones.
Para el excandidato presidencial, la ausencia de sanciones como la cancelación del registro de candidaturas o la nulidad de elecciones envía una señal de debilidad institucional frente a la posible infiltración del narcotráfico en la competencia política.
Las críticas también provienen de Movimiento Ciudadano. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, señaló que la reforma electoral debería incluir medidas más contundentes ante la violencia política que ha marcado los últimos procesos electorales en México.
Entre las propuestas del partido naranja se encuentra establecer la nulidad automática de una elección cuando un candidato sea asesinado durante el proceso, así como regular las aportaciones anónimas que se realizan mediante plataformas digitales o redes sociales, canales que en muchos casos resultan difíciles de rastrear.
“Es inaceptable que asesinen a un candidato y el proceso continúe como si nada. Esa normalización de la violencia erosiona la legitimidad democrática”, afirmó Máynez.
El debate ocurre en un contexto de creciente preocupación por la influencia del crimen organizado en la política local. Diversos informes académicos y de organizaciones civiles han documentado presiones, financiamiento ilegal y violencia contra aspirantes en distintas regiones del país, particularmente en elecciones municipales.
Uno de los episodios que alimentó la discusión fue el proceso interno de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024, cuando las llamadas “corcholatas” realizaron giras nacionales que la oposición denunció como actos anticipados de campaña.
Para el oficialismo, la reforma electoral busca reducir costos del sistema, modificar el esquema de representación y fortalecer mecanismos de control del gasto político. Para la oposición, en cambio, el proyecto deja abierta una zona gris en la que podrían moverse recursos de origen ilícito antes de que las campañas sean formalmente registradas.
En un país donde la violencia política y la expansión territorial del crimen organizado han marcado las últimas elecciones, el debate sobre los candados contra el financiamiento ilegal podría convertirse en uno de los puntos más polémicos de la discusión legislativa de la reforma electoral.
