La relación contractual entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos públicos y los vínculos entre contratistas gubernamentales y personajes cercanos al círculo político de la llamada Cuarta Transformación.
De acuerdo con documentación disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y revisada por EL UNIVERSAL, el empresario renta desde 2018 un edificio ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, en el complejo urbanístico Tabasco 2000, en Villahermosa, inmueble que alberga los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito.
El contrato original fue firmado el 1 de mayo de 2018 a través del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y estableció un pago mensual de 650 mil pesos, además de una cuota de mantenimiento de 52 mil 570 pesos, para un total de 702 mil 570 pesos mensuales. El acuerdo contempló un periodo inicial de 57 meses y la ocupación de un inmueble de más de 2 mil 265 metros cuadrados, distribuido en seis niveles y con 28 espacios de estacionamiento.
Aunque durante los primeros tres meses no se realizaron pagos debido a trabajos de adecuación financiados por el propio Consejo, el contrato fue modificado posteriormente. Un convenio firmado el 30 de octubre de 2019 señala que Olán Aparicio solicitó un incremento en la renta, que pasó a 715 mil 568 pesos mensuales, incluyendo mantenimiento, a partir del 1 de mayo de ese año.
Las cifras reflejan una erogación considerable. Según los cálculos derivados de los documentos oficiales, el Poder Judicial habría desembolsado al menos 40 millones 670 mil 427 pesos durante los primeros cinco años del arrendamiento. Sin embargo, registros contenidos en la propia Plataforma Nacional de Transparencia muestran montos superiores que oscilan entre 48.8 millones y 54.8 millones de pesos, diferencia que abre interrogantes sobre la consistencia de la información reportada.
Los contratos fueron suscritos por funcionarios de alto nivel del entonces Consejo de la Judicatura Federal, entre ellos Miguel Francisco González Canudas, Salvador Robles Cruz y Alfredo Jesús Arriaga Uribe. Posteriormente, la modificación contractual fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, Rodrigo de Zulueta Rodrigo y Adrián Valdés Quirós.
El contexto adquiere mayor relevancia debido a que algunos de estos exfuncionarios fueron posteriormente objeto de señalamientos públicos. Alejandro Ríos Camarena Rodríguez fue acusado en 2021 de presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones sin licitación y sobrecostos, aunque fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) al no acreditarse responsabilidades. Por su parte, Rodrigo de Zulueta Rodrigo fue mencionado en una investigación publicada por EL PAÍS sobre una presunta trama de lavado de dinero vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.
Aunque el contrato original concluyó formalmente el 30 de abril de 2023, una cláusula estableció que, si el Poder Judicial continuaba utilizando el inmueble, el arrendamiento seguiría vigente por tiempo indeterminado. Posteriormente, el ahora Órgano de Administración Judicial, creado tras la reforma judicial, confirmó que el acuerdo fue ampliado mediante un convenio modificatorio hasta marzo de 2025, seguido por un nuevo contrato que concluyó en diciembre de ese mismo año. Desde enero de 2026 existe un tercer convenio de arrendamiento, cuyos montos no fueron revelados públicamente.
La institución informó que actualmente analiza una posible reubicación con el propósito de obtener mejores condiciones de renta y mayor espacio disponible. Según su respuesta oficial, “No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”.
La figura de Jorge Amílcar Olán Aparicio ha cobrado notoriedad en los últimos años debido a diversas investigaciones periodísticas. El portal Latinus lo ha identificado como presunto operador empresarial cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los señalamientos difundidos por ese medio se encuentra su participación en proyectos inmobiliarios asociados a la empresa Aman Desarrollos, particularmente el desarrollo habitacional Cabo Paraíso, ubicado cerca de la Refinería de Dos Bocas. Asimismo, se le ha relacionado con contratos vinculados al Tren Maya, PEMEX, la Sedena y la comercialización de medicamentos para gobiernos estatales encabezados por Morena.
Otra de las investigaciones señala que Olán Aparicio habría participado como proveedor de balastro para la Línea K del Tren Interoceánico, mediante un contrato por 47.6 millones de pesos, proyecto que fue supervisado por Gonzalo López Beltrán.
En 2024 también se difundieron audios atribuidos al empresario tabasqueño en los que supuestamente hace referencia a la explotación de minas en Oaxaca para abastecer obras ferroviarias. En uno de esos registros se escucha la frase: “Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos”.
Los antecedentes empresariales de Olán Aparicio incluyen además a la firma Romedic, señalada en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por haber obtenido contratos superiores a 490 millones de pesos entre 2020 y 2022 con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en Tabasco y Quintana Roo.
La continuidad de los contratos de arrendamiento entre el Poder Judicial y un empresario envuelto en múltiples controversias públicas reabre el debate sobre los mecanismos de contratación gubernamental, los criterios de transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de revisar la relación entre estructuras institucionales y contratistas vinculados políticamente a grupos de poder.
