La elección de 2021 en Sinaloa y Sonora vuelve al centro del debate político tras la difusión de datos que exhiben el escaso seguimiento judicial a las denuncias por presuntos delitos electorales. De las 432 denuncias presentadas durante aquel proceso, únicamente 71 fueron ratificadas, de las cuales 46 correspondieron a Sonora y 25 a Sinaloa.

La proporción resulta particularmente significativa porque coincide con los procesos en los que resultaron electos Alfonso Durazo Montaño y Rubén Rocha Moya, dos gobernadores que hoy enfrentan cuestionamientos políticos derivados de investigaciones y acusaciones que han trascendido las fronteras mexicanas.

Para Mario Zamora Gastélum, ex candidato del PRI al gobierno sinaloense y actual diputado federal, la explicación de esa baja ratificación no radica en la inexistencia de delitos, sino en un clima de intimidación generalizada. Según sostuvo en entrevista con El Universal, el triunfo de Rocha estuvo precedido por un esquema de presión criminal que inhibió la denuncia ciudadana y la actuación de operadores políticos.

“La elección de 2021 en Sinaloa no fue un ejercicio democrático, sino un operativo criminal para imponer un gobierno. Nos robaron Sinaloa”, afirmó el legislador, quien insiste en que el crimen organizado intervino mediante secuestros, amenazas y acciones coordinadas para influir en el resultado electoral.

Las acusaciones adquieren relevancia adicional porque coinciden con testimonios y reportes documentados durante la jornada electoral. De acuerdo con especialistas consultados por el diario, en distintas regiones de Sinaloa se registraron episodios de violencia que incluyeron disparos, presencia de hombres armados, robo de material electoral y destrucción de documentación oficial.

El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, recordó que la autoridad electoral tuvo conocimiento directo de numerosos incidentes durante aquella elección. Señaló que no sólo ocurrieron actos violentos en casillas, sino también durante el traslado de paquetes electorales, cuando personal del instituto fue interceptado y despojado de documentación relacionada con las elecciones locales.

De acuerdo con Córdova, esos hechos fueron formalmente denunciados por el propio INE ante las autoridades competentes, tanto en fiscalías locales como en la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, donde se iniciaron diversas carpetas de investigación.

Sin embargo, el seguimiento posterior parece haber sido insuficiente. La coordinadora general de Laboratorio Electoral, Daniela Arias Sánchez, advirtió que la intervención de grupos criminales en procesos electorales comienza a normalizarse dentro del sistema político mexicano. A su juicio, aun cuando existen denuncias y evidencias de intimidación, las autoridades electorales y ministeriales rara vez impulsan investigaciones que deriven en consecuencias capaces de modificar resultados o anular elecciones.

La especialista recordó que fenómenos similares ocurrieron en Michoacán durante la elección que llevó al poder a Alfredo Ramírez Bedolla, donde se acreditaron presiones e intimidaciones vinculadas con grupos criminales. No obstante, las autoridades jurisdiccionales concluyeron que esos hechos no fueron determinantes para alterar el resultado final.

El caso de Sinaloa adquiere una dimensión particular porque las denuncias sobre violencia electoral se entrelazan ahora con investigaciones impulsadas desde Estados Unidos contra actores políticos de la entidad. En ese contexto, resurge una pregunta que quedó sin respuesta hace casi seis años: si existieron denuncias, carpetas de investigación y testimonios sobre la presencia del crimen organizado durante la jornada electoral, ¿por qué la inmensa mayoría de esos expedientes nunca avanzó más allá de la etapa inicial?

Las cifras muestran que, en términos formales, apenas dos de cada diez denuncias presentadas en los estados gobernados hoy por Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo llegaron a ser ratificadas. Para sus críticos, ese dato refleja el efecto paralizante del miedo. Para las autoridades, en cambio, las elecciones permanecen legalmente válidas. La distancia entre ambas interpretaciones sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos de los comicios de 2021.