El endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos hacia México habría alcanzado a dos de los gobernadores más relevantes de Morena. De acuerdo con un reporte publicado por Los Angeles Times, las autoridades estadounidenses mantienen investigaciones sobre Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, por presuntas relaciones con estructuras del crimen organizado.

La información, sustentada en testimonios de diversas fuentes consultadas por el diario estadounidense, se inserta en el contexto de la estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para perseguir a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Según el reporte, Alfonso Durazo, quien además fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, figura entre los personajes políticos de más alto nivel que actualmente estarían bajo escrutinio de agencias estadounidenses. Fuentes cercanas al caso aseguraron que su visa fue cancelada desde el año pasado y que las investigaciones se centran en presuntos vínculos con grupos criminales.

Por su parte, la indagatoria relacionada con Américo Villarreal tendría como eje el fenómeno del huachicol transfronterizo, una actividad que en los últimos años se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales. Tamaulipas, por su ubicación estratégica en la frontera con Texas, ha sido identificado reiteradamente por autoridades estadounidenses como un corredor clave para el tráfico ilegal de combustibles.

El caso de Villarreal adquiere una dimensión particular debido a que, según las fuentes citadas por el diario, mantiene acceso a territorio estadounidense mediante mecanismos especiales de ingreso. Incluso, se afirma que en algunos cruces fronterizos habría recibido acompañamiento de funcionarios de ese país, situación que refleja la complejidad de la relación bilateral en materia de seguridad.

Ante las versiones difundidas, Américo Villarreal rechazó categóricamente cualquier conducta ilícita. En un posicionamiento público sostuvo que las acusaciones son “falsas, parciales y carentes de pruebas”, al tiempo que defendió su trayectoria como servidor público y aseguró haber actuado siempre dentro del marco legal.

Las revelaciones de Los Angeles Times se producen apenas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones contra una decena de políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese expediente, funcionarios estadounidenses señalaron presuntos actos de colaboración con el Cártel de Sinaloa, incluyendo facilidades para el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y beneficios políticos.

El señalamiento contra Durazo y Villarreal refuerza la percepción de que Washington ha decidido escalar la presión sobre actores políticos mexicanos considerados estratégicos dentro del entramado de seguridad nacional. Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales ni pruebas públicas contra ambos mandatarios estatales, la sola existencia de investigaciones y la presunta cancelación de visas representan un nuevo capítulo en la creciente tensión entre las autoridades estadounidenses y figuras relevantes del oficialismo mexicano.

La relevancia política del caso radica en que tanto Sonora como Tamaulipas son entidades clave para la seguridad fronteriza, el combate al tráfico de drogas y el control de rutas utilizadas por organizaciones criminales.