Morena consiguió lo que no tuvo hace apenas unos días: el compromiso público del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México para acompañar el llamado Plan B de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El acuerdo fue anunciado por las bancadas de los tres partidos en la Cámara de Diputados, después de intensas negociaciones en la Secretaría de Gobernación.
El dato político de fondo no está sólo en el respaldo recuperado, sino en el contexto en que ocurrió. El miércoles previo, PT y PVEM habían votado contra la reforma electoral original de Sheinbaum, una iniciativa de rango constitucional que planteaba reducir el financiamiento a los partidos y modificar la representación proporcional en el Congreso. Al no alcanzar mayoría calificada, la propuesta fue desechada en San Lázaro.
Ese revés obligó a Palacio Nacional a cambiar de ruta. La Presidenta optó por un Plan B construido ya no desde la lógica de una imposición política, sino desde la negociación con sus aliados. El viraje confirma que Morena, aunque sigue siendo la fuerza dominante del oficialismo, no siempre puede traducir su peso político en disciplina automática dentro de la coalición gobernante.
Las conversaciones del viernes en Gobernación revelaron con claridad el tamaño de la concesión. Uno de los puntos más sensibles para PT y PVEM fue la posibilidad de someter a consulta popular la reducción del financiamiento público a los partidos. De acuerdo con los reportes publicados, el gobierno federal ofreció dejar fuera, al menos por ahora, ese tema dentro de la nueva propuesta, precisamente para asegurar el respaldo de sus aliados. Tras 17 horas de negociación, el acuerdo quedó encaminado con la idea de reservar las consultas populares para “algunos” asuntos electorales, pero no para tocar de inmediato las prerrogativas partidistas.
La lectura es inequívoca: el PT y el PVEM defendieron su propia sobrevivencia. La reforma original golpeaba directamente uno de los pilares de los partidos medianos y pequeños: el financiamiento público y el modelo de representación que les permite mantener presencia legislativa y capacidad de negociación. El nuevo entendimiento no significa una conversión ideológica al proyecto presidencial, sino un arreglo pragmático para evitar costos mutuos.
A cambio, el nuevo paquete se encaminaría a temas menos explosivos para los aliados, como la reducción del número de regidurías y medidas de austeridad en congresos estatales. Es decir, el discurso del ahorro al sistema político se mantiene, pero reorientado hacia rubros donde Morena puede construir consenso sin poner en riesgo inmediato los intereses estructurales del Verde y del PT.
Por eso, más que una victoria rotunda de Sheinbaum, el acuerdo parece una operación de contención. Morena necesitaba impedir que el tropiezo de la reforma constitucional se convirtiera en la señal de una coalición resquebrajada. El coordinador morenista Ricardo Monreal lo dijo en términos políticos más amplios al advertir que México atraviesa un momento difícil por presiones externas y que, en ese escenario, resulta indispensable preservar la unidad de la alianza gobernante.
El mensaje de Monreal es relevante porque desplaza el debate: ya no se trata sólo de discutir una reforma electoral, sino de evitar que el oficialismo entre dividido a una etapa de alta presión política y externa. En otras palabras, el Plan B funciona también como un mecanismo de disciplina interna, una pieza para recomponer mando, narrativa y cohesión después del fracaso legislativo.
En el Senado, además, el PVEM encabezado por Manuel Velasco también adelantó su apoyo, subrayando coincidencias con la Presidenta. Ese cierre de filas ayuda a reconstruir la imagen de bloque, pero no borra lo sucedido: Morena tuvo que sentarse a negociar durante horas con sus propios aliados para ofrecer una versión menos agresiva de su reforma.
La escena deja una conclusión política incómoda para el oficialismo. El fracaso de la reforma original debilitó la narrativa de mayoría incontestable, y el rescate del Plan B sólo fue posible mediante concesiones. Sheinbaum no llega fortalecida a esta nueva etapa; llega obligada a recalcular. PT y PVEM, por su parte, demostraron que todavía tienen capacidad para frenar, condicionar y encarecer las prioridades presidenciales cuando éstas amenazan sus intereses.











