En un movimiento que reconfigura el sistema de retiro en el sector público, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución, con la que se busca poner un tope a las llamadas “pensiones doradas”. La iniciativa establece que ningún ex trabajador de organismos o empresas públicas podrá recibir una jubilación superior a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La votación alcanzó 458 votos a favor, lo que permitió avanzar el dictamen, aunque aún queda pendiente la discusión de reservas en lo particular. El eje central de la reforma es imponer un límite que, tomando como referencia el salario presidencial actual, rondaría los 70 mil pesos mensuales.

Sin embargo, el proyecto no aplica de forma uniforme. Se excluye a las Fuerzas Armadas, a los haberes de retiro ya vigentes, así como a pensiones derivadas de aportaciones voluntarias, sindicales o de carácter no contributivo. También quedarían fuera figuras específicas como el exministro Arturo Zaldívar, lo que ha detonado críticas por un trato diferenciado.

Uno de los puntos más polémicos es la aplicación retroactiva de la reforma. El dictamen establece que las nuevas reglas podrán incidir sobre pensiones ya otorgadas, lo que ha sido señalado por la oposición como una violación directa al principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional.

Desde tribuna, la diputada Margarita Zavala advirtió que la mayoría legislativa estaría avalando la eliminación de derechos adquiridos con base en información imprecisa. A su juicio, permitir que la Constitución modifique condiciones ya consolidadas sienta un precedente que pone en riesgo cualquier garantía patrimonial en el país.

En la misma línea, legisladores del PRI calificaron la reforma como una potencial “bomba legal”, al considerar que detonará una oleada de litigios. Argumentan que la medida rompe la certeza jurídica, debilita la confianza en el Estado y evidencia presiones fiscales en las finanzas públicas.

Movimiento Ciudadano, aunque respaldó la intención de reducir desigualdades, cuestionó el criterio técnico de fijar el tope con base en el salario presidencial. La diputada Iraís Reyes sostuvo que se trata de un parámetro político discrecional que no refleja necesariamente las condiciones reales del sistema de pensiones.

Del lado oficialista, Morena defendió la constitucionalidad de la reforma. La diputada Haidyd Arreola argumentó que el poder reformador tiene facultades para modificar situaciones jurídicas preexistentes sin violar la seguridad jurídica, apoyándose en criterios de la Suprema Corte.

Además, el diputado Manuel Vázquez Arellano puso el énfasis en la presión presupuestaria: México destina más de 2.3 billones de pesos al pago de pensiones, equivalente a cerca del 23% del gasto público. Según su diagnóstico, el problema no es el monto total, sino la concentración de recursos en un número reducido de beneficiarios con percepciones elevadas.

Mientras tanto, el debate se trasladó también a las calles. Afuera del Palacio Legislativo, jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro protestaron e incluso intentaron ingresar al recinto, en rechazo a una reforma que consideran lesiva para sus derechos.

El fondo del conflicto no es únicamente técnico, sino político y constitucional: entre la necesidad de sanear las finanzas públicas y el riesgo de erosionar el principio de certeza jurídica. La discusión de fondo apenas comienza, y su desenlace probablemente se definirá no sólo en el Congreso, sino en tribunales.