En Tabasco, bastión político del obradorismo, comienza a configurarse una nueva élite económica ligada directamente a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyo crecimiento contrasta de forma contundente con el deterioro de las empresas tradicionales que durante décadas sostuvieron la operación petrolera en la región.

Testimonios de empresarios y actores políticos locales, recabados por el periódico El Universal, coinciden en que un grupo de nuevos participantes ha registrado un crecimiento acelerado desde 2019, en paralelo al ascenso del proyecto de la Cuarta Transformación. Se trata de perfiles prácticamente desconocidos en el sector que, en pocos años, han logrado posicionarse como contratistas relevantes dentro de la industria petrolera.

Uno de los casos más representativos es el de Juan Carlos Guerrero Rojas, cuyo nombre era ajeno para la comunidad empresarial tabasqueña hasta su irrupción mediática tras una ostentosa celebración privada que detonó cuestionamientos sobre el origen de su riqueza. Aunque autoridades estatales sostienen que cuenta con trayectoria en el sector, los registros públicos muestran que su consolidación coincide con el periodo posterior a 2019, particularmente durante la gestión de Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex.

Alrededor de Guerrero Rojas se articula una red de socios que incluye a figuras con antecedentes políticos y empresariales, como Héctor Peralta Grappin, así como empresarios de bajo perfil histórico como Ángel Ernesto García Castillo y José del Carmen Olán Arce, quienes en conjunto participan en un entramado de empresas vinculadas a contratos petroleros. Esta red ha logrado posicionarse en áreas estratégicas del negocio energético, ampliando su presencia en distintos segmentos de la cadena productiva.

El patrón que emerge es consistente: compañías que previamente operaban en ámbitos locales o con baja visibilidad comenzaron a recibir contratos relevantes a partir de 2019, incluso mediante esquemas de adjudicación directa, lo que ha generado suspicacias dentro del propio sector empresarial. Un caso emblemático es el de empresas que pasaron de realizar obras municipales a integrarse en proyectos de gran escala como la Refinería Olmeca Dos Bocas, símbolo de la política energética del actual gobierno.

En paralelo, firmas vinculadas a este grupo han extendido su operación a otros polos petroleros, como Ciudad del Carmen, consolidando contratos en servicios especializados que refuerzan su crecimiento sostenido dentro del sector.

Este auge contrasta con la situación que enfrentan los proveedores tradicionales, quienes describen una crisis estructural derivada de los retrasos en pagos por parte de Pemex, acumulados desde 2024. Empresarios locales relatan un escenario de asfixia financiera en el que los plazos contractuales se han extendido hasta niveles que comprometen la viabilidad de las empresas, generando despidos masivos y el cierre de operaciones. Un exdirectivo de Baker Hughes sintetiza el impacto: la falta de liquidez obligó a recortes salariales y a la desarticulación de equipos completos de trabajo.

El efecto de esta dinámica es visible en Villahermosa, donde la economía local refleja una dualidad cada vez más marcada. Por un lado, zonas enteras muestran signos de contracción, con inmuebles desocupados, caída en los precios de renta y negocios que han dejado de operar ante la falta de actividad. Por otro, comienzan a consolidarse espacios de alta plusvalía donde se concentra esta nueva riqueza, caracterizados por desarrollos residenciales exclusivos, altos niveles de seguridad y un estilo de vida asociado al capital emergente.

Este contraste no sólo evidencia una transformación económica, sino que plantea interrogantes de fondo sobre el modelo de distribución de oportunidades en el sector energético. La coexistencia de empresas históricas en declive con nuevos actores en expansión sugiere un proceso de reconfiguración del poder económico, donde el acceso a contratos públicos se convierte en el principal factor de crecimiento.

En un estado profundamente dependiente de la industria petrolera, el surgimiento de esta “nueva clase rica” no sólo redefine el mapa empresarial de Tabasco, sino que abre un debate inevitable sobre transparencia, competencia y concentración de recursos públicos en uno de los sectores estratégicos del país.