Tras 69 días de opacidad, versiones contradictorias y señalamientos sin sustento, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció finalmente que el derrame en el Golfo de México tuvo su origen en una fuga en un oleoducto marino en la zona de Cantarell, desmontando así la narrativa oficial que atribuía el desastre a buques no identificados y fenómenos naturales como chapopoteras.
El giro en la versión oficial no es menor. Durante semanas, el Gobierno federal sostuvo hipótesis externas para explicar la presencia de hidrocarburo en las costas del Golfo, mientras al interior de Pemex ya se conocía desde principios de febrero la pérdida de integridad mecánica en el ducto Old AK C, que conecta plataformas en Cantarell con Dos Bocas. La información fue ocultada deliberadamente, incluso al propio director general, Víctor Rodríguez, quien reveló que las áreas operativas intentaron contener la fuga sin escalar el incidente a los niveles directivos.
El caso expone una cadena de decisiones críticas que agravaron el impacto ambiental. No solo se omitió el reporte oportuno, sino que el flujo del ducto no fue detenido de inmediato, permitiendo que el derrame se extendiera por días. Como reconoció el propio director: “El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga”. A ello se suma otro dato revelador: el ducto permaneció abierto durante al menos 10 días, en medio de intentos fallidos de reparación que tampoco fueron informados.
Las irregularidades detectadas derivaron en la destitución de tres altos funcionarios: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino; y el líder de Derrames y Residuos. Todos fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República, en un intento por contener el costo político y legal del caso.
Sin embargo, el problema trasciende responsabilidades individuales. La investigación interna documenta una negación sistemática de la fuga durante marzo, incluso cuando ya se registraban arribazones de petróleo en las costas, así como el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención. El patrón apunta a una gestión de crisis basada en el encubrimiento, más que en la mitigación del daño.
El reconocimiento oficial también desmorona la postura inicial del Gobierno federal. El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, había sostenido públicamente que el origen del derrame, fechado el 2 de marzo, era atribuible a una descarga ilegal de un buque en Coatzacoalcos y a emanaciones naturales. Esa hipótesis fue respaldada durante semanas, pese a la creciente evidencia en sentido contrario.
La intervención de un grupo científico convocado por la Secretaría de Ciencia, encabezada por Rosaura Ruiz, terminó por desmentir esa versión. Tras analizar más de 70 imágenes satelitales, sobrevuelos y modelos de deriva, los especialistas concluyeron que la mancha de hidrocarburo se originó desde principios de febrero en las inmediaciones de la plataforma Abkatun, en Cantarell, y posteriormente fue dispersada por la dinámica marina. La conclusión coincide con lo que organizaciones ambientalistas ya habían advertido: la presencia de un buque especializado realizando reparaciones en el ducto dañado desde esas fechas.
El propio titular de Marina terminó reconociendo la validez de esos hallazgos, en un ajuste que deja en evidencia la fragilidad de la narrativa gubernamental inicial y la falta de coordinación interinstitucional.
El caso Pemex no sólo revela fallas técnicas en infraestructura crítica, sino un problema estructural más profundo: la incapacidad de gestión transparente ante una crisis ambiental de gran escala. En un contexto donde la empresa productiva del Estado enfrenta incendios, fugas, derrames y cuestionamientos financieros, este episodio refuerza la percepción de una operación bajo presión, con controles debilitados y decisiones que priorizan el control político sobre la rendición de cuentas.
