El gobierno de Estados Unidos intensificó su estrategia de asfixia financiera contra el Cártel de Sinaloa, al imponer sanciones contra más de una decena de personas físicas y morales presuntamente vinculadas con operaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas y financiamiento de las estructuras criminales dedicadas al comercio ilegal de fentanilo.

La decisión fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dependencia que en los últimos meses se ha convertido en uno de los principales instrumentos de presión de la administración de Donald Trump contra organizaciones criminales mexicanas catalogadas por Washington como estructuras de carácter terrorista.

Entre los sancionados aparece Jesús González Peñuelas, identificado como “Chuy” González, señalado por autoridades estadounidenses como operador involucrado en el tráfico de narcóticos hacia territorio norteamericano y en el movimiento de recursos financieros para el Cártel de Sinaloa. Desde 2024, el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

También fue incluido en la lista de sanciones Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de participar en esquemas de blanqueo de capitales derivados de las ganancias obtenidas por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

La ofensiva alcanzó además al restaurante “Gorditas Chiwas”, ubicado en Chihuahua, y vinculado al empresario Alfredo Orozco Romero, igualmente sancionado por autoridades estadounidenses bajo acusaciones relacionadas con operaciones financieras presuntamente utilizadas para beneficiar al grupo criminal.

Con estas medidas, las personas y empresas señaladas quedan bloqueadas del sistema financiero estadounidense, con prohibiciones para operar con ciudadanos o compañías de Estados Unidos, además del congelamiento potencial de activos bajo jurisdicción norteamericana.

El anuncio refuerza el cambio de narrativa de la Casa Blanca respecto a los cárteles mexicanos. La administración Trump no sólo elevó la presión diplomática y judicial sobre México, sino que desde 2025 clasificó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, abriendo la puerta a mecanismos de persecución financiera, sanciones internacionales y posibles operaciones de seguridad de mayor alcance.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que “seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”, en un mensaje que confirma que Washington busca atacar no únicamente a los líderes criminales, sino también a sus estructuras económicas, empresariales y de lavado de activos.

El contexto resulta particularmente delicado para México debido a la creciente presión estadounidense por el flujo de fentanilo, considerado actualmente el opioide más letal en territorio norteamericano. Datos oficiales citados por autoridades de salud indican que apenas 2 miligramos pueden provocar una sobredosis mortal.

Aunque las muertes por sobredosis comenzaron a mostrar una ligera disminución reciente —cerca de un 3% entre 2022 y 2023—, el problema continúa siendo una crisis de seguridad nacional para Estados Unidos. Desde 1999, el incremento acumulado de fallecimientos relacionados con drogas supera el 520%, fenómeno que ha endurecido la postura de Washington frente a los grupos criminales mexicanos.

De acuerdo con la DEA, México y China continúan siendo los principales puntos de origen de los precursores químicos y de las rutas de producción y tráfico del fentanilo que llega al mercado estadounidense. Las autoridades norteamericanas sostienen que gran parte de los componentes químicos son fabricados por empresas chinas que utilizan direcciones falsas, etiquetados engañosos y mecanismos de triangulación comercial para evadir controles internacionales.

Un elemento relevante del anuncio es la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y la DEA para identificar a los objetivos sancionados. La cooperación revela que, pese al discurso de soberanía sostenido desde distintos sectores políticos en México, los mecanismos de inteligencia financiera bilateral continúan operando de manera activa entre ambos países.