La crisis política y judicial que rodea al círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló este fin de semana luego de que la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, intentara deslindar públicamente al mandatario estatal de la designación del general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública del estado.

Las declaraciones ocurren días después de que se revelara que el ex mando militar y ex funcionario sinaloense se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Durante un mensaje público, la mandataria estatal aseguró que la llegada de Mérida Sánchez al gabinete no fue una decisión política de Rocha Moya, sino una determinación tomada desde el ámbito militar.

“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, declaró Yeraldine Bonilla.

La afirmación tiene implicaciones políticas delicadas, porque desplaza la responsabilidad directamente hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que históricamente ha mantenido enorme influencia en la designación de mandos de seguridad en estados considerados estratégicos para el combate al narcotráfico.

El señalamiento ocurre además en un contexto particularmente sensible para las Fuerzas Armadas, debido a que las acusaciones contra Gerardo Mérida Sánchez no son menores. De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex secretario de Seguridad de Sinaloa habría recibido sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares para brindar protección institucional a integrantes de Los Chapitos.

Las acusaciones estadounidenses colocan nuevamente a Sinaloa en el centro de la presión bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente en momentos en que Washington ha endurecido su discurso contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

A pesar del impacto político del caso, Yeraldine Bonilla intentó transmitir una imagen de estabilidad institucional y minimizó cualquier posible afectación para la entidad.

“Decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada representa algún daño al estado, nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en el estado y en los municipios”, sostuvo.

Sin embargo, las declaraciones no lograron disipar las interrogantes sobre la profundidad de las relaciones entre estructuras de seguridad, autoridades civiles y grupos criminales en Sinaloa.

La situación se volvió todavía más delicada tras conocerse que Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya, también se habría entregado a autoridades estadounidenses en Nueva York. Según la información disponible, enfrenta acusaciones relacionadas con asociación delictuosa para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante operaciones de narcotráfico.

La coincidencia de entregas voluntarias de ex funcionarios cercanos al gobierno sinaloense comienza a dibujar un escenario políticamente explosivo para Morena y para la propia administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum.

Pero el punto más sensible del caso podría encontrarse dentro del ámbito militar.

Las declaraciones de Yeraldine Bonilla abren inevitablemente una nueva línea de cuestionamientos sobre el papel que pudo haber tenido la antigua cúpula de la Defensa en la designación y eventual protección de mandos señalados por Estados Unidos.

La atención comienza a dirigirse ahora hacia el actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, quien podría enfrentar presión política y mediática para esclarecer si existieron investigaciones internas, alertas previas o posibles vínculos de protección relacionados con la gestión del ex secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

La pregunta de fondo es si la actual comandancia militar estará dispuesta a revisar posibles redes de complicidad o encubrimiento dentro de las propias estructuras castrenses, particularmente en una etapa donde Estados Unidos ha incrementado su vigilancia sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Porque más allá de las declaraciones de contención política, el caso comienza a evolucionar hacia un escenario de posibles responsabilidades institucionales que ya no sólo alcanzan al gobierno de Rubén Rocha Moya, sino también a sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas mexicanas.