La próxima publicación del libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”, de Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, reabre uno de los capítulos más delicados de la relación bilateral durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: el impacto político que tuvo la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, y el posible alcance de la información que éste pudiera proporcionar a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con fragmentos adelantados por la editorial BenBella Books a Grupo REFORMA, Salazar sostiene que un empresario mexicano con acceso privilegiado al círculo más cercano del entonces Presidente le transmitió una advertencia pocas semanas después de la detención de “El Mayo”, ocurrida el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense.
El diplomático identifica a esta fuente únicamente como “El Susurrador”, a quien describe como un prominente empresario y confidente de López Obrador. Según relata, fue este personaje quien le comunicó que el Mandatario mexicano atravesaba un momento de particular inquietud por las consecuencias que podría generar la cooperación del histórico líder criminal con las agencias estadounidenses.
“AMLO es un hombre diferente”, le habría dicho el empresario, según la versión plasmada en el libro. Más adelante, el ex embajador reproduce otra de las frases que atribuye a su interlocutor: “No puede soltar el poder. (AMLO) está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo”.
La afirmación cobra relevancia en el contexto de las investigaciones que durante años han vinculado a organizaciones criminales con redes de protección política y administrativa en distintos niveles de gobierno. Aunque Salazar no presenta pruebas directas de tales preocupaciones, sostiene que la advertencia reflejaba el temor de que el capo sinaloense pudiera proporcionar información sensible sobre funcionarios públicos mexicanos.
En sus memorias, el ex embajador también asegura que la captura de “El Mayo” Zambada tomó por sorpresa incluso a funcionarios estadounidenses. Según su relato, la operación fue resultado de una maniobra encabezada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien llegó junto con el fundador del Cártel de Sinaloa a un aeropuerto de Nuevo México, donde ambos fueron detenidos.
“Como Embajador de EU en México, yo me enteré de estos arrestos esa misma tarde”, escribe Salazar, quien afirma que la información no fue compartida previamente con la representación diplomática estadounidense en México.
El ex diplomático también describe un deterioro progresivo en su relación con López Obrador durante los últimos meses del sexenio. Según su versión, después de la captura de “El Mayo” y de sus cuestionamientos públicos a la propuesta de reforma judicial impulsada por el Gobierno mexicano, la comunicación con el entonces Presidente prácticamente se rompió.
Salazar recuerda haber enviado diversas comunicaciones privadas al mandatario mexicano para expresar sus preocupaciones respecto a la transformación del Poder Judicial, aunque asegura que nunca obtuvo respuesta. En ese periodo, López Obrador lo acusó públicamente de intervenir en asuntos internos del país y de vulnerar la soberanía nacional.
Ante esos señalamientos, el ex embajador defiende en su libro la postura asumida por Washington. “Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en EU y en México”, sostiene.
Asimismo, insiste en que la penetración del crimen organizado en instituciones públicas representaba un riesgo para cualquier modificación al sistema judicial. “Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del Gobierno. Un Poder Judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles”, afirma.
Las revelaciones de Ken Salazar aparecen en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos sigue marcada por los expedientes relacionados con el Cártel de Sinaloa, las investigaciones judiciales abiertas en cortes estadounidenses y el creciente escrutinio sobre posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
