El aprovechamiento comercial del Campo Militar Marte durante la Copa del Mundo 2026 abrió una disputa administrativa entre las secretarías de Hacienda, Turismo y la Secretaría de la Defensa de Ricardo Trevilla luego de que estas dos últimas entregaran el uso del inmueble federal a una empresa privada sin establecer previamente una contraprestación económica.

La controversia surgió cuando el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó que la ocupación del espacio militar debía generar un pago de 46 millones 71 mil 827 pesos.

El cobro corresponde al uso de alrededor de 40 mil metros cuadrados durante 39 días, para la realización del evento “Campo Marte 2026 (Incluye evento México de mis sabores)”, organizado por la empresa The Mates Contents entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026.

La resolución quedó asentada en un oficio fechado el 8 de junio de 2026, apenas tres días antes del inicio del Mundial, dirigido a las secretarías de Turismo y Defensa.

“Se solicita que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, requiera al interesado para que, en un término igual, remita el comprobante de pago por la cantidad descrita”, establece el documento firmado por Francisco Javier Aguilar García, director de Gestión de Uso de Inmuebles del INDAABIN.

La exigencia de Hacienda exhibió una contradicción dentro del propio Gobierno federal. Antes de que se realizara el avalúo, Defensa, Turismo y The Mates Contents habían firmado un convenio en el que expresamente se estableció que no existiría contraprestación económica entre las partes por la utilización del inmueble.

En los hechos, las dependencias federales autorizaron que una compañía privada explotara uno de los espacios públicos mejor ubicados y con mayor valor comercial de la Ciudad de México, mientras Hacienda calculó posteriormente el costo que debió pagarse por ese aprovechamiento.

De acuerdo con el desglose del INDAABIN, el mayor cargo corresponde al espacio gastronómico, que ocupó 11 mil 575 metros cuadrados y fue valuado en aproximadamente 23 millones de pesos.

El área recreativa y musical, con una superficie de 21 mil 233 metros cuadrados, generó un cálculo de 18.2 millones de pesos. A ello se sumaron alrededor de 2.4 millones por espacios destinados a exposiciones y actividades artísticas, así como 2.3 millones de pesos por instalaciones deportivas.

El instituto explicó que la cifra fue determinada mediante un dictamen valuatorio para el cobro de derechos por el uso y aprovechamiento de bienes federales, específicamente para actividades cívicas, culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas.

Administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Campo Marte se encuentra en una de las zonas de mayor plusvalía de la capital, junto al Auditorio Nacional, sobre Paseo de la Reforma. Durante el Mundial fue utilizado para conciertos, transmisión de partidos, actividades recreativas y venta de alimentos y bebidas.

La naturaleza comercial del festival vuelve relevante la ausencia inicial de un pago. No se trató únicamente de una actividad institucional o de promoción turística, sino de la explotación temporal de un inmueble público mediante espectáculos, servicios gastronómicos y actividades potencialmente generadoras de ingresos para una empresa privada.

La intervención de Hacienda ocurrió cuando el convenio ya había sido suscrito y el evento estaba próximo a iniciar, lo que plantea interrogantes sobre la coordinación entre dependencias, la planeación del proyecto y la responsabilidad de los funcionarios que permitieron el uso del inmueble sin garantizar previamente el cobro correspondiente.

El caso deja abierta una cuestión central: si el INDAABIN determinó que el aprovechamiento del Campo Marte tenía un valor superior a 46 millones de pesos, las secretarías de Defensa y Turismo deberán explicar por qué aceptaron cederlo inicialmente sin contraprestación y quién terminará cubriendo el monto reclamado por Hacienda.