El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso durante la madrugada de este jueves y permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, mientras enfrenta un procedimiento penal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La resolución fue dictada alrededor de las 3:15 horas por la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para presumir tanto la existencia de una organización dedicada al llamado huachicol fiscal como la probable intervención de los ocho imputados.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad, pero establece que, a juicio de la juzgadora, existen elementos iniciales para continuar formalmente la investigación y llevar el caso a una etapa posterior del procedimiento penal.

Los delitos atribuidos a Ruffo Appel y a los otros siete procesados son delincuencia organizada, contrabando y un ilícito en materia de hidrocarburos. Debido a que la legislación contempla prisión preventiva de oficio para los dos últimos supuestos señalados por la autoridad judicial, los imputados permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo del proceso.

La audiencia comenzó el martes a las 19:40 horas mediante videoconferencia y se desarrolló a puerta cerrada. La jueza aceptó una solicitud de la FGR para restringir el acceso de representantes de medios de comunicación y del público, bajo el argumento de que el expediente contiene información relacionada con la seguridad nacional cuya difusión podría afectar la investigación.

La diligencia se extendió durante más de 34 horas, con varios recesos y modificaciones en los horarios anunciados para su reanudación. El miércoles, a las 17:00 horas, se decretó una suspensión de seis horas. Posteriormente, el personal del tribunal informó que la sesión no continuaría a las 23:00 horas, sino a las 00:40 del jueves.

Sin embargo, la audiencia se reanudó hasta las 3:10 horas. Siete minutos después, Alejandra Ramírez de la Vega comunicó el sentido de su resolución y comenzó a exponer los argumentos con los que justificó la vinculación a proceso. A las 6:00 horas, la diligencia todavía no había concluido, de acuerdo con personas allegadas al caso.

Junto con Ernesto Ruffo Appel fueron procesados Ricardo Thompson Navarro, propietario de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., exvocal de Ingemar y vinculado empresarialmente con la compañía de la que el exgobernador es socio fundador, así como José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V. y de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., empresas que aparecen como accionistas de Ingemar.

También fueron vinculados a proceso el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez; su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez; y Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa con domicilio en la capital de San Luis Potosí.

Los otros dos procesados son José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., compañía localizada en Saltillo, Coahuila.

Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán recluidos en el Penal del Altiplano. Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará internada en el Centro Federal de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.

Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales serán los únicos imputados que enfrentarán el procedimiento bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en sus respectivas viviendas de Saltillo.

De acuerdo con la imputación formulada por la FGR, durante 2025 la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel es accionista y fundador, habría importado 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos sin contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía.

La Fiscalía también atribuye a Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. la introducción de otros 225 mil 633 litros de productos petrolíferos en condiciones presuntamente irregulares.

La magnitud de las importaciones señaladas contrasta con el volumen asegurado por las autoridades. De los más de 2 mil 137 millones de litros que habrían ingresado ilegalmente al país, las fuerzas federales únicamente localizaron y decomisaron 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en operativos realizados en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

La FGR calcula que estas operaciones ocasionaron un daño de 166 millones 466 mil 735.26 pesos a la hacienda pública, derivado de la introducción de petrolíferos sin los permisos energéticos y fiscales correspondientes.

El procesamiento de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional en la historia moderna del país, amplía la dimensión política del expediente. Sin embargo, el núcleo jurídico del caso deberá centrarse en demostrar si el exmandatario intervino de manera directa en las operaciones investigadas, si tenía conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas a través de Ingemar y si existen pruebas que acrediten su pertenencia a una organización criminal.

Tras la vinculación a proceso, la FGR deberá fortalecer su acusación durante la etapa de investigación complementaria. La defensa, por su parte, podrá controvertir los datos presentados, solicitar la revisión de las medidas cautelares e impugnar la resolución ante un tribunal federal.

Por ahora, la decisión de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega mantiene a Ruffo Appel en el Penal del Altiplano y transforma una investigación por importaciones irregulares de combustibles en uno de los procesos judiciales y políticos más relevantes relacionados con el huachicol fiscal.