La investigación que autoridades de Estados Unidos mantienen abierta contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrasta con la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) a indagar a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que su nombre aparece mencionado en dos testimonios relacionados con una extensa red de contrabando de combustibles.

El contraste no constituye una prueba de culpabilidad contra ninguno de los personajes señalados, pero sí exhibe dos criterios distintos frente a la sospecha. Mientras las agencias estadounidenses mantienen abierta la recopilación de información, la institución encabezada por Ernestina Godoy sostiene que no existen elementos con fuerza legal suficiente para iniciar una carpeta contra López Beltrán.

De acuerdo con una investigación publicada por el semanario ZETA de Tijuana, Marina del Pilar Ávila y su exesposo, Carlos Torres Torres, excoordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Baja California, son investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Uno de los contactos estadounidenses consultados por el semanario respondió sobre los posibles delitos: “Varios; por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo y otros con vínculos al crimen organizado”. Hasta ahora, sin embargo, ninguna agencia estadounidense ha anunciado públicamente una imputación formal contra la mandataria. ZETA

La versión cobró relevancia después de la difusión de cuatro audios en los que la gobernadora conversa con intermediarios y supuestos agentes estadounidenses sobre la posibilidad de cooperar con las autoridades de ese país. En la grabación más reciente se le advierte que se trata de “la última oportunidad” para evitar cargos o sanciones.

Uno de los interlocutores le recomienda reunirse con su abogado, Michael Nadler, y preparar una “proffer letter”, documento utilizado en el sistema judicial estadounidense para que una persona investigada comunique a los fiscales qué información puede aportar y negocie las condiciones bajo las cuales colaboraría.

La gobernadora ha rechazado haber firmado dicho documento y aseguró que las conversaciones fueron sacadas de contexto. Su secretario particular, Jesús Romandía, declaró: “No. Ella nunca ha firmado nada”. La propia Marina del Pilar sostiene que fue víctima de una “emboscada psicológica” que atribuye al exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

El caso se remonta a mayo de 2025, cuando Estados Unidos revocó las visas de Ávila Olmeda y Carlos Torres Torres. Inicialmente, la mandataria describió la decisión como un procedimiento administrativo. Los audios difundidos posteriormente, sin embargo, revelaron su preocupación por una posible investigación, sanciones e incluso una eventual extradición.

La negativa de la FGR

Frente al escrutinio estadounidense sobre la gobernadora morenista, la FGR aseguró que no investiga a Andrés Manuel López Beltrán por delitos relacionados con hidrocarburos.

La dependencia declaró: “Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa”.

Agregó que el Ministerio Público de la Federación “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

El pronunciamiento resulta controvertido porque dentro de la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, abierta contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, existen dos declaraciones que aluden al “hijo del Presidente” y a “Andy”.

La primera corresponde al capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y testigo protegido con el nombre clave de “Santo”. En un escrito entregado a la Fiscalía el 13 de mayo de 2025 relató una conversación con Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, señalado como enlace de los hermanos Farías Laguna dentro de las aduanas.

Tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon, que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de combustible ilegal, Torres Joaquín aseguró que Solano Ruiz intentó tranquilizarlo: “La gente que estuvo en las operaciones tiene miedo de su situación, contestándome que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el hijo del Presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo”.

La segunda declaración fue rendida el 27 de febrero de 2026 por Juan Carlos Soto Picha, exsubdirector de Operación Aduanera de Guaymas. El marino narró que en marzo de 2025 se permitió descargar combustible de contrabando del buque Torm Agnes, pese a que inicialmente la operación no estaba autorizada.

Según su testimonio, cuando informó a El Capitán Sol que la maniobra se había salido de control, éste le respondió que buscaría la intervención del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán: “Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso, y me dijo: ‘Esto es sólo para tus ojos’”. Investigación sobre el testimonio

Posteriormente, añadió Soto Picha, le comunicaron que el asunto era político y que ya estaba arreglado. Aproximadamente 90 minutos después, las pipas habían abandonado el lugar y el buque realizaba maniobras para zarpar.

Menciones que obligan a investigar

Las declaraciones no demuestran por sí mismas que Andrés Manuel López Beltrán haya participado en el contrabando de combustible. Ambos testigos reproducen afirmaciones atribuidas a Miguel Ángel Solano Ruiz y no describen una instrucción que hayan recibido directamente del hijo del expresidente.

Pero esa limitación probatoria no vuelve irrelevantes los testimonios. La función de una investigación ministerial consiste precisamente en verificar si el nombre de “Andy” fue utilizado falsamente por los operadores de la red para presionar a funcionarios aduanales o si existió alguna intervención política real.

La FGR parece confundir la ausencia de pruebas suficientes para imputar con la supuesta inexistencia de elementos para investigar. Una mención testimonial no alcanza para acusar ni condenar, pero puede justificar diligencias destinadas a identificar comunicaciones, reuniones, movimientos financieros y posibles vínculos entre los participantes.

La contradicción resulta más delicada porque López Beltrán no aparece en una denuncia anónima o en una versión difundida exclusivamente por adversarios políticos. Las referencias forman parte de una carpeta de la propia Fiscalía sobre una red que habría utilizado a mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios aduanales, empresarios y operadores políticos para introducir combustible de contrabando.

Mientras Estados Unidos profundiza una investigación contra Marina del Pilar Ávila sin que todavía exista una acusación pública, la Fiscalía de Ernestina Godoy cierra anticipadamente la puerta respecto de Andrés Manuel López Beltrán, aun cuando tiene testimonios bajo su resguardo.

La diferencia revela un problema institucional: en México, la cercanía con el poder parece elevar el umbral necesario incluso para abrir una investigación. La presunción de inocencia debe proteger tanto a Marina del Pilar como a López Beltrán, pero no puede transformarse en una garantía de inmunidad ni utilizarse para impedir que las autoridades determinen qué hay detrás de los señalamientos.