El reconocimiento público del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance “Terry” Cole, a Omar García Harfuch revela una profundidad en la cooperación bilateral que contrasta con el discurso sostenido durante años por la Cuarta Transformación.

Durante la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada en Buenos Aires, Argentina, Cole definió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”. No fue una cortesía diplomática menor. El elogio fue pronunciado ante representantes de más de cien países y estuvo acompañado de referencias al intercambio de inteligencia, las investigaciones conjuntas y las operaciones coordinadas contra los cárteles.

En términos políticos, García Harfuch parece haber abierto a la DEA una puerta incluso más amplia que la concedida durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por el nivel de confianza personal, comunicación directa y coordinación operativa alcanzado con la agencia encabezada por Cole.

La comparación resulta especialmente incómoda para el oficialismo. Durante años, Andrés Manuel López Obrador, Morena y la propia Claudia Sheinbaum utilizaron la cooperación establecida durante el sexenio de Calderón como evidencia de una supuesta subordinación de México a las agencias estadounidenses.

La Iniciativa Mérida, acordada por los gobiernos de Felipe Calderón y George W. Bush, constituyó uno de los mayores acercamientos en materia de seguridad entre ambos países. Incluyó transferencia de equipo, capacitación, intercambio de información y fortalecimiento de las instituciones mexicanas para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. La colaboración continuó durante la administración de Barack Obama, pero estuvo marcada por desacuerdos y reservas dentro del propio gobierno mexicano. Un análisis académico de esa cooperación la describe como un hito bilateral.

Ahora, sin abandonar formalmente el lenguaje de la soberanía, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha construido alrededor de García Harfuch un canal directo con las instituciones de seguridad del presidente Donald Trump. La cercanía alcanza no solamente a la DEA, sino también al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Departamento de Justicia, a la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y a otras áreas de inteligencia estadounidense.

Cole destacó que Harfuch comprende la necesidad de utilizar “inteligencia sólida, investigaciones agresivas y operaciones coordinadas”. También subrayó la importancia de compartir información, perseguir a los principales dirigentes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las estructuras financieras de los cárteles.

Las palabras describen una cooperación mucho más estrecha que la coordinación protocolaria reconocida públicamente por el gobierno mexicano. También sugieren que la confianza de Washington no está depositada de manera uniforme en todas las instituciones mexicanas, sino concentrada en la figura del secretario de Seguridad.

La confianza es en Harfuch

El mensaje político puede resumirse en una diferencia fundamental: Estados Unidos confía en Harfuch, pero no necesariamente en todo el aparato gubernamental mexicano.

La relación personal entre ambos funcionarios se convirtió en una especie de puente entre dos gobiernos que mantienen diferencias sobre soberanía, tráfico de armas, fentanilo, extradiciones y presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Mientras Sheinbaum cuestiona públicamente algunos posicionamientos de la DEA, Harfuch mantiene abiertos los conductos de comunicación e intercambio de inteligencia.

Esa dualidad permite a la Presidenta defender ante su base política el principio de “coordinación sin subordinación”, mientras su secretario de Seguridad desarrolla una cooperación práctica cada vez más cercana con Washington.

El viraje es todavía más evidente cuando se recuerda que, en diciembre de 2020, el gobierno de López Obrador promovió una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para controlar las actividades de los agentes extranjeros. La modificación obligó a informar sobre los contactos entre funcionarios mexicanos y representantes de agencias internacionales, restringió sus facultades y eliminó cualquier interpretación de inmunidad frente a las leyes mexicanas. El decreto mantiene bajo supervisión del Gobierno de México las actividades de los agentes extranjeros.

La reforma surgió después de la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. López Obrador interpretó aquella operación como una vulneración de la soberanía y respondió reduciendo el margen de actuación de la DEA.

Sin embargo, esa política restrictiva terminó siendo desplazada por las necesidades de seguridad del gobierno de Sheinbaum y por la presión ejercida desde Washington. La expansión del tráfico de fentanilo, la capacidad territorial de los cárteles mexicanos y las exigencias de Donald Trump obligaron a restablecer mecanismos de colaboración que habían quedado debilitados durante el sexenio anterior.

El costo de la contradicción

La cooperación internacional es indispensable para combatir organizaciones criminales que actúan a ambos lados de la frontera. El problema no es que Harfuch comparta inteligencia con Estados Unidos, sino la contradicción política de un movimiento que condenó esa misma colaboración cuando la encabezó otro gobierno.

La 4T acusó a Felipe Calderón de entregar la seguridad nacional a Washington y utilizó la condena en Estados Unidos de su exsecretario Genaro García Luna como argumento para desacreditar toda la estrategia de aquel sexenio. Ahora, la administración de Sheinbaum profundiza la cooperación con la DEA y presenta como virtud lo que anteriormente calificaba como subordinación.

La diferencia que el oficialismo busca establecer es que la coordinación actual se realiza bajo conducción mexicana. Pero el respaldo extraordinario de Terry Cole muestra que la relación ha avanzado más allá de los comunicados diplomáticos. La DEA reconoce en Harfuch a un aliado operativo, confiable y dispuesto a compartir información estratégica.

El elogio también fortalece políticamente al secretario dentro del gobierno mexicano. Frente a instituciones cuestionadas por Washington y funcionarios de Morena señalados en investigaciones relacionadas con el crimen organizado, Harfuch aparece como el hombre en quien Estados Unidos sí deposita su confianza.

Lo que sí resulta evidente es que la puerta política, institucional y operativa está abierta de par en par.

La paradoja es inocultable: el gobierno que llegó al poder denunciando la intervención de las agencias estadounidenses depende hoy de la cooperación con ellas para contener a los cárteles, responder a las presiones de Donald Trump y sostener su estrategia de seguridad.