La entrega a México del contralmirante retirado Fernando Farías Laguna, acusado de participar en una extensa red de contrabando de combustibles, permitió a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos presentar los avances del caso como una demostración de eficacia institucional. Sin embargo, su mensaje también volvió a funcionar como una defensa anticipada del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Godoy sostuvo que fue el propio Ojeda Durán quien proporcionó a la Fiscalía General de la República (FGR) la información que dio origen a las investigaciones:

“Informo a ustedes, como es del conocimiento público, en el año de 2024, el almirante secretario de Marina transmitió a quien detentaba la titularidad de la Fiscalía General de la República indicios de operaciones de dicha red delictiva, por lo que en ese mismo año el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones”.

La declaración pretende colocar al exsecretario exclusivamente en el papel de denunciante. Pero no responde la pregunta central: ¿cómo pudieron sus sobrinos políticos, el entonces vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, ocupar puestos estratégicos y presuntamente desarrollar una operación de huachicol fiscal dentro de la institución que Ojeda encabezó entre 2018 y 2024?

Los hermanos no eran funcionarios marginales. Formaban parte de la estructura de mando de una Secretaría de Marina que, por decisión del gobierno de López Obrador, recibió el control de las aduanas marítimas, puertos y puntos fundamentales para el comercio exterior. Precisamente esa concentración de atribuciones habría facilitado que combustible importado desde Estados Unidos fuera declarado falsamente como aceites o aditivos para eludir impuestos.

Según la exposición de la propia fiscal, el entramado utilizaba buques tanque que llegaban a Tampico y Ensenada, funcionarios aduanales que simulaban revisiones, pedimentos manipulados y empresas encargadas de transportar, distribuir y lavar los recursos. La red habría tenido presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.

La FGR reporta hasta ahora 16 personas detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos, además del aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles. Calcula que solamente el combustible recuperado en los primeros operativos representó una afectación de más de 340 millones de pesos para la organización.

El problema para la narrativa oficial es que Ojeda Durán no aparece únicamente como quien alertó a la Fiscalía. Su nombre ha sido mencionado dentro de la investigación y existen testimonios que obligarían, cuando menos, a interrogarlo para esclarecer qué sabía, desde cuándo lo sabía y qué hizo para detener la operación.

Uno de los elementos más graves es el audio de una reunión entre Ojeda y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 le habría entregado también una carta manuscrita con información sobre presiones internas, sobornos, movimientos de personal y una presunta red encabezada por los Farías Laguna. Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de ese mismo año en Manzanillo, Colima.

La existencia del audio no demuestra que Ojeda haya participado en el homicidio ni acredita por sí sola una responsabilidad penal en el contrabando. Pero sí confirma que recibió directamente información delicada sobre una estructura de corrupción alojada dentro de la dependencia bajo su mando. El asesinato posterior del denunciante vuelve indispensable establecer qué medidas adoptó el almirante, a quién informó, qué protección se ofreció al marino y por qué la red continuó operando.

A ello se agregan declaraciones incorporadas al expediente. Un testigo de identidad reservada aseguró que Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Capitán Sol y señalado como uno de los coordinadores del entramado, anunció que recurriría a Ojeda para “controlar la situación” después de que el buque Torn Agnes fuera detenido en la aduana de Guaymas, Sonora. El País

Tampoco puede ignorarse que la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna solicitó formalmente que el exsecretario fuera citado. La petición no implica que las afirmaciones de los acusados sean verdaderas, pero refuerza la necesidad de que la Fiscalía agote todas las líneas, incluso aquellas que alcancen a personajes protegidos políticamente.

Pese a esos indicios, Claudia Sheinbaum y ahora Ernestina Godoy han insistido en que Ojeda no está bajo investigación porque fue él quien informó sobre las irregularidades. Ese razonamiento es insuficiente: denunciar un delito no extingue automáticamente una posible responsabilidad por acción, omisión, tolerancia, encubrimiento o falta de supervisión.

La investigación debería determinar también por qué, si la alerta se presentó en 2024, fue necesario esperar hasta el aseguramiento de un buque cargado con millones de litros de combustible en 2025 para comenzar a desmontar una red que operaba desde años atrás. Entre la primera advertencia y las acciones decisivas transcurrió un periodo durante el cual la organización presuntamente continuó defraudando al erario.

La cuestión no es condenar anticipadamente a Rafael Ojeda Durán, sino someterlo al mismo estándar que se aplicaría a cualquier responsable de una institución infiltrada por una estructura criminal. Haber sido secretario de Marina, colaborador cercano de López Obrador y superior jerárquico de los implicados no debería otorgarle inmunidad de hecho.

Al insistir en exonerarlo públicamente antes de transparentar todas las diligencias, Ernestina Godoy debilita la credibilidad de la FGR. La Fiscalía parece más interesada en preservar la imagen del exsecretario y del gobierno que lo nombró que en explicar cómo una de las instituciones con mayor confianza presidencial terminó convertida en plataforma de una operación que causó un enorme daño al patrimonio nacional.