Rubén Rocha Moya retomó este viernes el gobierno de Sinaloa después de permanecer 112 días separado del cargo por la acusación presentada en Estados Unidos, donde se le atribuyen presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

El mandatario de Morena anunció su regreso mediante una carta en la que sostuvo que cumplirá el periodo para el cual fue elegido, cuya conclusión está prevista para el 31 de octubre de 2027. Su reincorporación pone fin al interinato de Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el Poder Ejecutivo estatal después de que el Congreso local autorizó la licencia solicitada el 1 de mayo de 2026.

Rocha Moya presentó su retorno no solamente como un acto administrativo, sino como una reivindicación personal y política. Afirmó que durante su licencia compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y respondió los requerimientos del Ministerio Público sin recurrir al fuero constitucional.

Según su interpretación de las indagatorias, después de 112 días quedó demostrado que “no existen los mínimos elementos de prueba” que permitan atribuirle algún delito o relación con el narcotráfico. Sin embargo, esa conclusión requiere una precisión jurídica: la falta de elementos suficientes para proceder en México no equivale necesariamente a una sentencia absolutoria ni cancela la acusación formulada por Estados Unidos.

Cuando la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó en julio sobre el avance del expediente, señaló que todavía no se había alcanzado el parámetro probatorio mínimo exigido por la legislación mexicana, pero aclaró que la investigación continuaba abierta y que seguían recabándose datos de prueba.

El fiscal David Bone de la Garza explicó entonces que los señalamientos estadounidenses constituían un punto de partida y que los hechos investigados podían o no configurar delitos.

Por tanto, Rocha Moya transforma una insuficiencia probatoria provisional en una exoneración política definitiva, aunque públicamente la FGR no había anunciado el cierre de la carpeta, el no ejercicio de la acción penal o una resolución judicial que estableciera su inocencia.

La presunción de inocencia permanece vigente, pero también subsiste, mientras no se informe lo contrario, la investigación iniciada en México.

El gobernador se separó del puesto después de que la fiscalía estadounidense acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez.

Según el expediente de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado con Los Chapitos para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Todos conservan el derecho a la presunción de inocencia.

La FGR rechazó inicialmente ejecutar las detenciones provisionales con fines de extradición porque consideró que la documentación remitida por Washington no justificaba la urgencia de esa medida.

La Fiscalía anunció que solicitaría pruebas, informes y documentos adicionales mediante los canales que garantizaran la confidencialidad del procedimiento. Esa negativa procesal tampoco significó que la imputación estadounidense hubiera desaparecido.

El propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó posteriormente que no existía una ficha roja de Interpol contra el gobernador, aunque confirmó la petición estadounidense de detención provisional con fines de extradición. Esa solicitud necesita ser evaluada por las instituciones mexicanas y no produce una captura automática.

En su mensaje, Rocha Moya evitó tratar el caso como una controversia estrictamente judicial. Lo colocó dentro de la confrontación política entre la Cuarta Transformación y sus adversarios, al atribuir las acusaciones a sectores de la “ultraderecha nacional y extranjera” que, aseguró, pretenden dañar a Morena y vulnerar la soberanía mexicana.

El gobernador reivindicó además su pertenencia al movimiento oficialista: “Con alto orgullo, reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza”.

La carta también expresa un respaldo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoce como conductora del proyecto político nacional y defensora de la soberanía frente a intereses extranjeros.

Con ello, Rocha Moya vincula su continuidad en el gobierno de Sinaloa con la defensa de la Cuarta Transformación, buscando que la acusación estadounidense sea interpretada como un ataque contra todo el movimiento y no únicamente como un expediente penal individual.

Su regreso le devuelve asimismo las atribuciones constitucionales y el control político del gobierno estatal, pero ocurre en medio de una persistente crisis de seguridad derivada de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Por ello, su retorno no elimina el costo institucional del caso: el gobernador deberá administrar un estado afectado por la violencia mientras continúa bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses.

Rocha Moya vuelve con el respaldo del aparato político de Morena y con una investigación mexicana que, hasta ahora, no ha producido pruebas suficientes para proceder en su contra. Pero no regresa con una absolución judicial ni con la cancelación de la acusación estadounidense.