La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo localizar al almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para notificarle un citatorio judicial y llevarlo a declarar como testigo en el proceso penal contra el contralmirante Fernando Farías Laguna.
La comparecencia fue ordenada por la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega a solicitud de Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías, quien pretendía interrogar al exsecretario sobre la estructura de mando y las decisiones que permitieron presuntamente operar una red de contrabando de combustibles desde las aduanas marítimas.
El citatorio fue girado desde el viernes anterior para que la FGR localizara a Ojeda Durán y le notificara que debía presentarse el miércoles por la mañana en la sala del Centro de Justicia Federal. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que no logró encontrarlo, aun cuando la defensa afirma haber proporcionado su domicilio actual.
El hecho resulta especialmente relevante porque Rafael Ojeda fue superior jerárquico de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y Fernando Farías Laguna, contralmirante, ambos señalados como presuntos integrantes de una estructura dedicada al huachicol fiscal. Los dos son, además, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina.
La imposibilidad de notificar a un exintegrante del gabinete presidencial vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de la FGR. No se trata de una persona sin domicilio conocido ni de un particular ajeno al aparato público, sino de quien encabezó una de las instituciones con mayores recursos, facultades y responsabilidades durante el sexenio de López Obrador.
Epigmenio Mendieta reveló que la eventual comparecencia de Ojeda Durán fue también uno de los argumentos considerados para cerrar al público las audiencias de imputación y vinculación a proceso contra Fernando Farías.
“Es parte de lo que nos pidieron, que también tuviéramos la reserva, es que yo pedí que se citara y que estuviera aquí presente (Ojeda). Esa asignación la hizo la FGR, pero resulta que no lo localiza. Nadie sabe dónde vive ahora”, declaró el litigante.
El abogado explicó que la defensa solicitó formalmente la presencia del almirante retirado como uno de sus medios de prueba y sostuvo que la jueza tomó en cuenta la relevancia institucional del personaje para justificar la reserva de las actuaciones judiciales.
“Fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente. Parte del argumento que utilizó la jueza en ese momento para que la audiencia fuera cerrada y que no hiciéramos ninguna declaración, es que efectivamente iba a comparecer un funcionario de esa naturaleza. Hoy estoy en condiciones de poderlo documentar porque la audiencia ya se cerró y están resolviendo en este momento”, afirmó Mendieta.
No es la primera ocasión en que la defensa intenta llevar a Rafael Ojeda ante una autoridad judicial para interrogarlo sobre las actividades atribuidas a sus sobrinos políticos. Los intentos anteriores tampoco consiguieron que el exsecretario compareciera.
La estrategia defensiva busca demostrar que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, pese a sus grados navales, no contaban por sí solos con la autoridad suficiente para controlar aduanas, movilizar cargamentos, influir en distintas dependencias federales y sostener una operación de contrabando de combustible a gran escala.
El argumento abre una pregunta sobre la cadena de mando: si las operaciones investigadas alcanzaron diversas aduanas marítimas y requirieron la intervención o tolerancia de diferentes autoridades, ¿quién autorizó, facilitó o permitió su funcionamiento?
La tesis de la defensa no prueba por sí misma una responsabilidad penal de Rafael Ojeda, quien no aparece en este episodio como imputado, sino como testigo. Sin embargo, su posición al frente de la Secretaría de Marina, su relación familiar con los acusados y el alcance de la estructura investigada hacen que su testimonio resulte relevante para esclarecer qué conocía la cúpula naval y qué medidas tomó frente a las presuntas irregularidades.
La declaración también podría establecer si los hermanos Farías Laguna actuaron con autonomía, si contaron con protección dentro del Gobierno o si la operación rebasaba sus facultades y requería decisiones provenientes de niveles superiores.
