La Fiscalía General de la República (FGR) tiene vía libre para proceder contra los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, señalados por participar en la colocación irregular de 800 millones de pesos de Segalmex en bonos privados presuntamente carentes de respaldo.

El avance judicial contrasta con la ausencia de acciones penales contra Ignacio Ovalle Fernández, quien dirigió Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante el periodo en que ocurrieron las operaciones investigadas. El exfuncionario, amigo y mentor político de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido imputado pese a ocupar la máxima responsabilidad administrativa del organismo.

Los empresarios Dávila perdieron su última oportunidad para excluir del proceso 15 elementos probatorios que la FGR pretende utilizar para llevarlos a juicio. Las evidencias están integradas por siete testimonios, siete documentos y un peritaje aportados por la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Un tribunal confirmó la cancelación del amparo promovido por los empresarios, quienes buscaban impedir que esas pruebas fueran incorporadas al expediente penal. Entre ellas destaca una opinión de delito elaborada por Hacienda, considerada fundamental para la acusación porque concluye que existen elementos suficientes para proceder contra René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz.

La resolución no impide que los acusados cuestionen posteriormente la legalidad, autenticidad o alcance de las pruebas, incluso después de un eventual juicio y sentencia. Por ahora, los tribunales determinaron que su utilización dentro de la investigación no vulnera sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), de la cual los Dávila son accionistas, recibió indebidamente los 800 millones de pesos entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir certificados privados de deuda.

La operación prometía devolver los recursos públicos con rendimientos anuales de 11 por ciento. Sin embargo, los instrumentos financieros habrían estado respaldados por fideicomisos sin fondos, constituidos previamente por empresas relacionadas con los propios Dávila y sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El dinero salió de Segalmex después de que René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, autorizara la utilización de recursos públicos para comprar los certificados privados. Gavira Segreste se convirtió posteriormente en uno de los principales exfuncionarios procesados por las irregularidades cometidas dentro del organismo.

Según la acusación, Segalmex transfirió el dinero al fideicomiso CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, empresa con sede en Chiapas. Los recursos terminaron colocados en el mercado bursátil mediante certificados privados cuya legalidad, respaldo y destino final forman parte del expediente penal.

La resolución abre la puerta para que el caso alcance no solamente a antiguos mandos de la desaparecida Segalmex, sino también a particulares que presuntamente participaron en el manejo irregular de recursos públicos. No obstante, la investigación continúa avanzando de abajo hacia arriba, sin alcanzar hasta ahora a quien encabezaba el organismo.

La actuación de la FGR mantiene así una contradicción central: persigue a empresarios que recibieron el dinero y a funcionarios que autorizaron las transferencias, pero conserva fuera de la acción penal a Ignacio Ovalle Fernández, responsable político y administrativo de Segalmex durante el periodo investigado.

Mientras los Dávila enfrentan la posibilidad de ser llevados a juicio y René Gavira Segreste carga con las principales imputaciones, Ovalle Fernández permanece sin cargos. El círculo judicial se cierra sobre operadores y particulares, pero continúa abierto alrededor del exdirector protegido políticamente por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.