La segunda licencia de Rubén Rocha Moya no abre una verdadera disputa por el Gobierno de Sinaloa. La composición del Congreso estatal y el comportamiento de una oposición cooptada, fragmentada y convenenciera anticipan que el gobernador interino será decidido por Morena, bajo la influencia del grupo político que ha controlado el estado y en medio de los señalamientos sobre una presunta penetración del Cártel de Sinaloa en las instituciones.

Las votaciones de la oposición muestran la disposición a negociar con el Gobierno, acompañar sus principales decisiones financieras y diluir cualquier posibilidad de contrapeso.

La 65 Legislatura está integrada por 40 diputados. Morena tiene 24, el Partido Verde Ecologista de México seis y el Partido del Trabajo uno. Juntos suman 31 votos. Si se agregan los dos legisladores del Partido Sinaloense, aliado frecuente del oficialismo, el bloque alcanza 33 posiciones.

Del otro lado solamente quedan tres diputados del PRI, dos del PAN y dos de Movimiento Ciudadano. Son siete legisladores que, aun votando unidos, no pueden impedir que Morena designe al gobernador interino ni frenar las decisiones centrales del bloque gobernante.

El problema no es únicamente su debilidad numérica. También está su falta de consistencia. Aunque los dirigentes opositores han criticado públicamente a Rocha Moya, sus legisladores han acompañado al Ejecutivo cuando llegan al pleno los presupuestos, el endeudamiento y los acuerdos de mayor trascendencia.

El ejemplo más evidente fue la autorización de un crédito de hasta 2 mil 200 millones de pesos solicitado por el Gobierno de Rocha. La propuesta fue aprobada con el respaldo de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pese a los cuestionamientos sobre la falta de proyectos específicos, el destino de las obras y las obligaciones financieras que se heredarían a las siguientes administraciones.

Paradójicamente, los únicos votos en contra fueron de los diputados morenistas Juana Minerva Vázquez González y Pedro Villegas Lobo, quienes advirtieron que el financiamiento podía representar un cheque en blanco para el Ejecutivo estatal.

El Presupuesto de Egresos de 2026, por más de 78 mil 344 millones de pesos, también fue aprobado por unanimidad de los 40 diputados. El acuerdo incluyó reasignaciones para salud, educación, campo, cultura, bienestar, seguridad y programas regionales, mecanismo mediante el cual las bancadas pueden presentar beneficios para sus distritos mientras terminan respaldando el proyecto completo del Gobierno.

Las coincidencias legislativas no demuestran por sí mismas una compra de diputados, pero sí permiten hablar de una cooptación política basada en acuerdos presupuestales, espacios de influencia y beneficios partidistas, mediante la cual la oposición conserva algunas posiciones mientras evita confrontar realmente al Ejecutivo.

La primera licencia de Rocha, aprobada el pasado 2 de mayo, mostró cómo funcionará probablemente la segunda sucesión. Morena, PVEM, PT y PAS respaldaron la separación temporal. El PRI votó en contra, el PAN se abstuvo y Movimiento Ciudadano no votó.

Después, Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria general de Gobierno y formaba parte del círculo político de Rocha, fue designada gobernadora interina con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

La oposición cuestionó que el nombramiento no garantizaba independencia frente al gobernador con licencia. Sin embargo, no presentó una candidatura alternativa con posibilidades reales ni construyó una estrategia conjunta para elevar el costo político de imponer a una integrante del mismo gobierno.

Ahora el escenario es todavía más delicado. Rocha regresó a la gubernatura el 21 de agosto, pero encontró el rechazo del Gobierno federal, de la dirigencia de Morena, de sus gobernadores y de los coordinadores parlamentarios de la Cuarta Transformación. Apenas un día después volvió a solicitar licencia temporal con carácter indefinido.

Su retroceso demuestra que perdió respaldo político fuera de Sinaloa, pero no necesariamente significa que haya perdido el control de la estructura estatal, del Congreso o de la sucesión. La pregunta central será si el nuevo gobernador interino responde a Claudia Sheinbaum, al grupo de Rocha o a un acuerdo entre ambas fuerzas para evitar una ruptura rumbo a las elecciones de 2027.

Sobre el proceso pesa además la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos, que atribuye a Rocha y a otros funcionarios sinaloenses una presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. El gobernador rechaza las imputaciones y la Fiscalía mexicana ha señalado que no encontró elementos suficientes para proceder en su contra.

Por ello, no puede afirmarse como hecho probado que el Cártel decidirá directamente al gobernador interino. Pero tampoco puede ignorarse el riesgo de que una sucesión organizada exclusivamente por el mismo bloque político preserve las redes de poder señaladas por las investigaciones estadounidenses.

Si las acusaciones apuntan a una penetración criminal en áreas del Gobierno, la Fiscalía, las corporaciones de seguridad y distintos espacios políticos, la respuesta institucional debería ser un gobierno interino independiente, con capacidad para abrir archivos, facilitar investigaciones y garantizar que ninguna estructura sea utilizada para encubrir responsabilidades.

Todo indica que ocurrirá lo contrario. Morena dispone de los votos para imponer la sucesión, el PAS ha acompañado sistemáticamente al oficialismo y la oposición tradicional ha demostrado que puede endurecer el discurso mientras negocia sus votos cuando se discuten presupuestos, deuda y posiciones de poder.

El resultado puede ser un sustituto formal de Rocha, pero no necesariamente una ruptura con el rochismo. Cambiaría la persona que ocupe el despacho, mientras permanecerían intactos los funcionarios, compromisos, intereses y redes que dominaron el Gobierno durante la crisis de violencia y las acusaciones de narcotráfico.

La segunda licencia representa, por tanto, una salida personal para Rubén Rocha Moya, pero no garantiza una transición institucional para Sinaloa. Con una oposición debilitada y convenenciera, el Congreso no actuará como contrapeso, sino como instrumento para legalizar una decisión tomada dentro de Morena.