El retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, abrió una fractura dentro de la Cuarta Transformación y colocó el silencio de Andrés Manuel López Obrador en el centro de la controversia.

La negativa del líder del “movimiento 4T” a deslindarse del hombre al que llamaba “hermano” alimenta la sospecha de que Rocha conserva la protección del núcleo obradorista y revela un posible desacuerdo con Claudia Sheinbaum.

La decisión del gobernador recibió una respuesta inusualmente fría de las principales estructuras del oficialismo. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, aclaró que fue una determinación personal. Morena, presidido por Ariadna Montiel, aseguró que no fue informado previamente y se deslindó del regreso.

Una veintena de gobernadores oficialistas llamó a Rocha Moya a actuar con “madurez y responsabilidad”. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, le sugirió reconsiderar su decisión y mantener la licencia hasta que concluyan las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Alfonso Ramírez Cuéllar relacionó el episodio con la necesidad de desaparecer el fuero constitucional, al que calificó como “una vergüenza nacional”.

El mensaje es inequívoco: Rocha Moya regresó sin el respaldo público del Gobierno federal, de Morena, de los gobernadores ni de una parte importante de los legisladores de la 4T. Su retorno no solamente desafía la estrategia política de Sheinbaum, sino que expone a su administración a mayores presiones de Estados Unidos.

En ese deslinde colectivo sobresale la ausencia de López Obrador. En noviembre de 2025, desde su finca de Palenque, el expresidente afirmó que permanecería retirado, pero estableció tres razones para volver a las calles: defender la democracia, proteger la soberanía nacional y respaldar a la Presidenta si era acosada. Fue explícito: “Saldría también para defenderla a ella; si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo”.

El regreso de Rocha no constituye formalmente un golpe de Estado, pero sí representa un desafío a la autoridad de Sheinbaum desde el interior de su movimiento. Este sería el momento para que López Obrador respaldara públicamente a la mandataria y pidiera al gobernador mantener la licencia. No lo ha hecho. Su silencio no prueba que haya organizado la operación, pero funciona como una ambigüedad protectora para su antiguo aliado.

El episodio ocurre, además, después de que Estados Unidos cancelara la visa de Andrés Manuel López Beltrán. El hijo del expresidente calificó la medida como “politiquera” y “al estilo hitleriano”. José Ramiro López Obrador sostuvo: “Al que quieren no es al chico, sino al grande”, mientras dirigentes de Morena interpretaron la decisión como una ofensiva contra el fundador del movimiento.

Esta reacción consolidó dentro del oficialismo una postura de resistencia frente a Washington que también puede beneficiar a Rocha Moya y a los otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el senador Enrique Inzunza.

La acusación estadounidense sostiene que los diez señalados colaboraron con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de sobornos y apoyo político. En el caso de Rocha, afirma que esa organización habría contribuido a su triunfo electoral de 2021 mediante el secuestro y la intimidación de adversarios.

También enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas. La referencia a narcoterrorismo es una deriva de la designación estadounidense del Cártel de Sinaloa como organización terrorista.

Rocha Moya aseguró que las autoridades mexicanas no encontraron elementos para proceder en su contra y afirmó regresar con la “conciencia tranquila” y la “cabeza en alto”. Sin embargo, Gobernación aclaró que las investigaciones de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, continúan abiertas. Por tanto, su versión de haber sido exonerado no coincide plenamente con la posición institucional del Gobierno federal.

El retorno coloca a Claudia Sheinbaum ante una disyuntiva. Si permite que Rocha permanezca en el cargo, Estados Unidos puede interpretar que México utiliza la soberanía y la falta de pruebas entregadas formalmente para proteger a figuras relevantes de Morena. Si impulsa su separación, corre el riesgo de confrontar al sector más cercano a López Obrador.

La pregunta ya no es solamente si el expresidente está detrás del regreso, sino por qué no defiende a Sheinbaum cuando su autoridad es desafiada por uno de sus aliados históricos. Mientras López Obrador no se deslinde, su silencio seguirá operando como un respaldo indirecto al retorno de Rocha Moya.