La designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina puede presentarse como una salida institucional a la crisis provocada por Rubén Rocha Moya, pero difícilmente representa una ruptura con el gobierno cuestionado. Cambió la persona que ocupa el despacho, pero permanecen Morena, sus aliados, la estructura administrativa y el aparato político construido durante el rochismo.

Domínguez tiene trayectoria propia en la izquierda y antecedentes de activismo social. Incluso tuvo diferencias dentro del gabinete. Sin embargo, esos elementos no borran hechos políticos determinantes: ayudó a construir la llegada de Rocha Moya al poder, fue su secretaria de Educación Pública y Cultura y, todavía en abril de 2026, defendió públicamente al gobernador frente a los señalamientos de Estados Unidos.

Entonces sostuvo que las acusaciones carecían de pruebas y que pretendían afectar al movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso, su trayectoria reciente permite cuestionar si realmente está dispuesta a desmontar el sistema político que ayudó a construir o solamente administrará sus consecuencias.

Su llegada tampoco fue producto de un gran acuerdo ciudadano o multipartidista. Fue decidida con 31 votos de Morena, PT y PVEM, frente a seis votos opositores. PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron negociaciones internas y advirtieron que el nombramiento no podía convertirse en un “borrón y cuenta nueva”.

Éste es el núcleo de la continuidad: Morena sustituyó a uno de los suyos por otra integrante del mismo proyecto, seleccionada por la mayoría legislativa del propio partido y respaldada por Claudia Sheinbaum.

La Presidenta reconoció que no conoce personalmente a Domínguez, pero avaló su honestidad y pidió apoyarla. El nombramiento aparece más como una solución diseñada para recuperar gobernabilidad y controlar los daños políticos que como una verdadera depuración del gobierno estatal.

Además, Rocha Moya no ha dejado definitivamente la gubernatura. Solicitó una licencia temporal y la Constitución sinaloense establece que las ausencias superiores a 30 días deben ser cubiertas por un gobernador interino.

No se trata de una falta absoluta ni del nombramiento de una persona sustituta para concluir irrevocablemente el sexenio. Jurídicamente, Rocha conserva la titularidad y podría intentar regresar, como ya lo hizo durante aproximadamente 34 horas.

Por eso, el nombramiento de Domínguez no resuelve el problema de fondo. Mientras subsista la licencia, Sinaloa continuará bajo la incertidumbre de un gobierno interino condicionado por la eventual reaparición del gobernador constitucional. El estado necesita certidumbre institucional, no una puerta giratoria en Palacio de Gobierno.

El juicio político no depende de una sentencia estadounidense

La exigencia de iniciar un juicio político contra Rocha Moya no debe descansar exclusivamente en las acusaciones formuladas en Estados Unidos. Éstas deben ser investigadas y probadas ante las autoridades competentes.

El juicio político mexicano tiene otra naturaleza: busca determinar responsabilidades por actos u omisiones cometidos durante el ejercicio del cargo que hayan perjudicado los intereses públicos fundamentales o el buen despacho de la administración.

La legislación sinaloense establece expresamente que el gobernador puede ser sometido a juicio político por violaciones graves a la Constitución o las leyes, manejo indebido de recursos públicos y ataques a la libertad del sufragio.

Las sanciones pueden consistir en la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar empleos públicos durante un periodo de uno a veinte años. En este procedimiento, el Congreso del Estado actúa como jurado de acusación y el Supremo Tribunal de Justicia como jurado de sentencia.

La solicitud ciudadana presentada contra Rocha contiene 16 hechos, entre ellos presuntas privaciones de la libertad de operadores políticos durante las elecciones de 2021. Si esos acontecimientos son acreditados y vinculados con autoridades estatales, podrían encuadrar en la causal de ataques a la libertad del sufragio.

Pero el Congreso debe abrir el expediente, recibir las pruebas y garantizar el derecho de defensa. Exigir el juicio político no equivale a declarar anticipadamente culpable al gobernador; significa impedir que la mayoría de Morena archive las acusaciones antes de investigarlas.

El verdadero examen para Graciela Domínguez comienza ahora. Si protege a funcionarios, expedientes y decisiones del gobierno anterior; si evita auditorías independientes o utiliza su interinato para frenar el juicio político, confirmará que representa más de lo mismo.

Si rompe con los intereses del rochismo, entrega información a las autoridades, depura el gabinete y permite que el Congreso procese la denuncia sin interferencias, podrá demostrar autonomía.

Hasta entonces, su nombramiento debe entenderse como lo que jurídicamente es y políticamente parece: un relevo temporal dentro del mismo bloque gobernante, no el deslinde que Sinaloa necesita.

La salida institucional no consiste solamente en apartar a Rocha del despacho, sino en determinar sus responsabilidades y cerrar definitivamente la posibilidad de que una licencia sea utilizada como refugio político.