El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum fue menos un ejercicio de rendición de cuentas que una defensa política de la continuidad.
La Presidenta construyó la narrativa idealizada de un país estable, seguro, próspero y encaminado hacia la justicia social, pero dejó fuera del discurso los expedientes que la contradicen: el costo creciente de las obras heredadas de Andrés Manuel López Obrador, el endeudamiento público, la violencia persistente en Sinaloa, la mutación criminal en Zacatecas, las acusaciones estadounidenses contra funcionarios de Morena, el retiro masivo de visas y las investigaciones periodísticas que rodean al círculo de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, además de dejar fuera los fantasmas no invocados como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, los acusados de narcoterrorismo por EEUU y mucho más.
No fue un informe construido para explicar problemas, sino para ratificar lealtades.
Sheinbaum incluso cerró cualquier posibilidad de ruptura con su antecesor al sentenciar que dentro del movimiento no existen divisiones ni rompimientos. Con ello asumió como propio no sólo el legado político de López Obrador, sino también sus obras, sus costos, sus redes de poder y sus silencios.
¿Andrés Manuel sigue mandando?
La Presidenta se mostró tensa, poco alegre y contenida. El formato fue sobrio, sin movilizaciones ni arengas, ante unos 300 invitados. Su discurso estaba cargado de cifras optimistas, pero su expresión corporal no transmitía celebración. Fue, en términos políticos, un triunfalismo demacrado: el Gobierno proclamaba victorias mientras la mandataria parecía consciente del peso de las crisis que no estaba nombrando.
Las obras de López Obrador convertidas en dogma
Sheinbaum no revisó críticamente los proyectos de su antecesor. Los defendió. Del Tren Maya destacó que ha transportado 2.5 millones de pasajeros y aseguró que “evoluciona conforme a lo planeado”. El dato, sin embargo, describe afluencia, no rentabilidad ni eficiencia.
Durante el segundo trimestre de 2026, el Tren Maya obtuvo aproximadamente 117 millones de pesos por servicios, pero gastó 985 millones y registró una pérdida operativa de 867 millones, además de recibir transferencias presupuestarias por otros 417 millones. Por cada peso ingresado necesitó gastar más de ocho para operar. Nada de eso apareció en el mensaje presidencial.
Sobre Mexicana de Aviación, Sheinbaum celebró que alcanzó un millón de pasajeros y anunció la incorporación de 14 aeronaves. Pero omitió que la empresa perdió 941 millones de pesos en 2025, alrededor de 2.5 millones diarios, y otros 513 millones durante el primer semestre de 2026. Su participación en el mercado nacional se mantiene cercana al 0.8 por ciento. Transportar pasajeros no demuestra éxito cuando cada vuelo exige subsidios permanentes.
El AIFA presenta una situación más matizada. Sus 3.6 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026 muestran crecimiento y sus estados financieros han reportado resultados positivos. Sin embargo, continúa recibiendo transferencias federales: para 2026 se le asignaron aproximadamente 744 millones de pesos. El Informe presentó la demanda aeroportuaria, pero no el costo completo del sistema, las obras de conectividad ni la comparación con la capacidad que México perdió al cancelar el aeropuerto de Texcoco.
En Dos Bocas, la omisión fue todavía más grave. Sheinbaum reivindicó la refinería como instrumento de soberanía energética, pero no recordó que su costo oficial superó los 20 mil 958 millones de dólares, casi tres veces los 8 mil millones prometidos originalmente. Tampoco explicó sus periodos de operación parcial, sus incidentes ni si el combustible producido justifica el enorme costo financiero asumido por el Estado. El dato de soberanía energética sustituyó al análisis de rentabilidad.
Del Corredor Interoceánico, la Presidenta destacó que ha movilizado dos millones de toneladas de carga y anunció la reanudación escalonada del servicio de pasajeros. Pero no dedicó una explicación equivalente al descarrilamiento de diciembre de 2025, que dejó 14 muertos, ni a las denuncias por irregularidades, deficiencias de supervisión y contratos vinculados con personajes cercanos a los hijos de López Obrador.
La constante fue evidente: el Gobierno contabiliza pasajeros, toneladas y barriles, pero evita presentar el costo integral por usuario, las pérdidas operativas, los subsidios, los sobrecostos y los plazos reales para recuperar la inversión. Así, las obras dejaron de ser proyectos públicos sujetos a evaluación para convertirse en monumentos políticos que deben defenderse por lealtad.
La deuda que no mereció discurso
Sheinbaum habló de disciplina fiscal, mayor recaudación y una reducción de 200 mil millones de pesos en gasto corriente. Sin embargo, no colocó en el centro el crecimiento del endeudamiento.
Al cierre de julio de 2026, la deuda bruta del sector público federal llegó a 20 billones 603 mil millones de pesos, frente a 11.02 billones al terminar 2018. El aumento real acumulado es de aproximadamente 32.6 por ciento. Por su parte, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medición más amplia, alcanzó 19.22 billones, equivalente al 51.5 por ciento del PIB.
El problema no consiste únicamente en que México tenga deuda, sino en qué se utilizó, cuánto cuesta pagarla y qué capacidad productiva generó. Si una parte creciente de los recursos financia pensiones, rescates a Pemex, subsidios y empresas estatales deficitarias, el margen para salud, educación, seguridad e infraestructura útil se estrecha.
El Informe presumió ingresos sin explicar suficientemente los pasivos. Es la misma contabilidad política utilizada con las megaobras: se anuncia lo visible y se oculta la factura.
La estadística nacional no pacifica Sinaloa
En materia de seguridad, Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento desde el comienzo de su administración, equivalentes a 44 asesinatos menos cada día. Esa reducción nacional es relevante y no debe desconocerse. Pero el promedio nacional no elimina los territorios donde el Estado continúa perdiendo autoridad.
En Sinaloa, la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, iniciada en septiembre de 2024, acumula miles de homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos, comercios cerrados y comunidades sometidas. Aunque algunos meses recientes registraron una reducción, la violencia sigue condicionando la vida pública y económica del estado. Las estadísticas pueden mejorar y, al mismo tiempo, persistir un régimen cotidiano de control criminal.
A esa crisis se suma un hecho sin precedente: el Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Estados Unidos los acusa de narcotráfico, delitos relacionados con armas y presunta colaboración institucional con el Cártel de Sinaloa. Las imputaciones deberán probarse ante tribunales y todos conservan la presunción de inocencia, pero no son rumores ni filtraciones periodísticas: forman parte de una acusación federal formal.
La gravedad política radica en que México no ha ofrecido una investigación pública, transparente y equivalente. Rocha Moya dejó temporalmente el cargo, intentó regresar y fue frenado por la presión política, pero el Gobierno federal sigue sin explicar qué indaga la FGR, qué colaboración solicitó a Washington y cuáles son las pruebas disponibles. Enrique Inzunza conserva su posición política y su influencia legislativa.
Sheinbaum pidió honestidad, pero no pronunció sus nombres. Habló de autoridad moral ante representantes del mismo movimiento al que pertenecen los acusados. La impunidad, en este momento, no necesariamente es una sentencia jurídica definitiva; es una impunidad política provisional, construida mediante silencio, dilación y protección partidista.
Zacatecas: menos homicidios, violencia transformada
En Zacatecas sería impreciso afirmar que los homicidios continúan imparables. Las cifras oficiales muestran una reducción importante. Pero esa disminución no significa pacificación plena.
Mientras Sheinbaum pronunciaba su mensaje, el estado acababa de sufrir la explosión de un presunto carro bomba frente a una instalación policial en Ojocaliente, con al menos 11 heridos y daños en alrededor de 40 inmuebles. Zacatecas pasó de un ataque con explosivos en 2024 a seis en 2025 y al menos diez durante 2026.
La violencia se ha transformado: menos homicidios registrados, pero más extorsión, desapariciones, ataques contra actividades productivas y uso de explosivos. El Gobierno mide cadáveres; los grupos criminales también gobiernan mediante miedo, cobro de piso y control territorial. Esa mutación no tuvo espacio en el Informe.
Andy López Beltrán y la corrupción que no se nombra
El llamado presidencial a la austeridad y la honradez habría sido más creíble si hubiera incluido alguna referencia a las investigaciones que rodean al círculo de Andy López Beltrán.
Empresarios y funcionarios cercanos a él, particularmente Jorge Amílcar Olán, aparecen relacionados con contratos públicos, empresas proveedoras y operaciones investigadas por posibles irregularidades. El caso más reciente involucra a Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con el entorno empresarial de Olán, a la que se atribuye un posible quebranto fiscal superior a 834 millones de pesos mediante operaciones de huachicol fiscal. Hacienda solicitó a la FGR actuar penalmente contra los responsables.
Esa cercanía no prueba por sí misma responsabilidad penal de Andy López Beltrán. Pero sí constituye materia suficiente para exigir una investigación independiente sobre tráfico de influencias, beneficiarios de contratos y redes empresariales. La respuesta presidencial ha sido la contraria: si la Fiscalía dice que no existen pruebas directas contra él, el asunto se da por cerrado antes de investigarse a fondo.
El Informe sustituyó los nombres por sermones. Habló de humildad, autoridad moral y servicio al pueblo, pero no mencionó Portacelis, Amílcar Olán, los contratos de su círculo, los escándalos de ostentación ni las acusaciones de favoritismo. La honradez fue presentada como identidad del movimiento, no como obligación verificable.
Visas: soberanía como escudo selectivo
Estados Unidos ha retirado visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, muchos de ellos vinculados con Morena, aunque la mayoría de los nombres permanece bajo reserva. Una cancelación de visa no equivale a una acusación penal: Washington puede adoptarla con información de inteligencia y sin presentar públicamente sus motivos. Pero la magnitud del fenómeno exige una respuesta institucional, no únicamente partidista.
El propio Andy López Beltrán confirmó que Estados Unidos le retiró la visa. Sheinbaum lo respaldó, calificó la medida como una posible injerencia y señaló que la FGR no tenía una investigación en su contra. Pero no anunció ninguna revisión patrimonial, fiscal o administrativa que permitiera despejar las sospechas dentro de México.
Ahí aparece el uso selectivo de la soberanía: se invoca para rechazar las decisiones de Washington, pero no para demostrar que las instituciones mexicanas son capaces de investigar a sus propios funcionarios. La mejor defensa de la soberanía no sería proteger a Morena del escrutinio estadounidense, sino impedir que otro país tenga que revelar lo que México se niega a investigar.
Soberanía y “relación difícil” con Estados Unidos?
La soberanía no ocupó la mayor parte del Informe, pero sí fue su principal conclusión política y uno de sus ejes discursivos más enfáticos. Sheinbaum reconoció que la relación con Estados Unidos “ha tenido sus dificultades”, aunque aseguró que su Gobierno decidió buscar siempre el entendimiento.
Definió la cooperación bilateral mediante cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación. Después remató:
“La soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.
El tono hacia Estados Unidos fue firme en las palabras, pero pragmático en el fondo. No hubo ruptura, insulto ni confrontación directa con Donald Trump. Sheinbaum criticó el trato a los migrantes, denunció la muerte de 17 mexicanos en centros de detención y operativos, informó que México te Abraza ha atendido a más de 281 mil repatriados y defendió la negociación frente a aranceles y presiones comerciales. Al mismo tiempo, mantuvo abierta la cooperación en seguridad y la revisión del T-MEC.
En síntesis, trató a Estados Unidos como adversario discursivo, socio económico indispensable y fuente incómoda de presión judicial. Su lenguaje fue nacionalista, pero su política siguió siendo negociadora. La soberanía funcionó como límite frente a cualquier intervención abierta, aunque también como escudo para evitar responder por las acusaciones estadounidenses contra integrantes de la 4T.
El gran problema del Segundo Informe no fue lo que Sheinbaum dijo, sino lo que decidió no decir. Presentó pasajeros sin pérdidas, obras sin sobrecostos, seguridad sin territorios criminalizados, austeridad sin ostentación, honradez sin investigaciones y soberanía sin rendición de cuentas.
Ese contraste explica la imagen de una Presidenta seria, rígida y escasamente celebratoria. Claudia Sheinbaum quiso transmitir que todo marcha conforme al plan, pero su propio semblante parecía admitir que el país real ya no cabe dentro del relato triunfalista de la Cuarta Transformación.
