El cateo de una bodega vinculada con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, abrió un nuevo frente dentro de una investigación que hasta ahora ha concentrado sus acusaciones en los sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó que en el inmueble fueron aseguradas armas no registradas, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, documentos clasificados como reservados o confidenciales por razones de seguridad nacional y diversos artículos de lujo.

Según la Fiscalía, el material reforzaría su hipótesis de que Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, utilizaron su influencia dentro de la Secretaría de Marina para colocar a personal de confianza en puestos estratégicos de aduanas y facilitar el ingreso de combustible sin pagar las contribuciones correspondientes.

El Despacho Mendieta y Abogados, encabezado por Epigmenio Mendieta, rechazó la versión ministerial y aseguró que la dependencia presentó como reciente una diligencia cuya orden de cateo fue emitida desde el 1 de febrero de 2026. La defensa también negó que en el inmueble se localizaran armas o documentos confidenciales relacionados con la seguridad nacional.

Pero el señalamiento de mayor alcance involucra directamente al exsecretario de Marina. Los abogados sostienen que los oficios utilizados por la Fiscalía para apuntalar sus acusaciones no fueron suscritos por ninguno de los hermanos procesados.

“Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el ex Secretario de Marina”, dijo la defensa.

La afirmación no demuestra por sí misma la inocencia de los hermanos Farías Laguna, porque todavía deberá esclarecerse quién poseía los documentos, para qué eran utilizados y por qué se encontraban en una bodega relacionada con Manuel Roberto Farías. Sin embargo, sí incorpora una pregunta que la investigación no puede eludir: si los oficios fueron firmados por Rafael Ojeda Durán, su contenido, contexto y cadena de mando deben ser revisados y explicados ante la autoridad judicial.

La defensa solicitó que el exsecretario comparezca como testigo para establecer qué información recibió sobre las irregularidades en las aduanas marítimas, desde cuándo conocía la operación de la presunta red y qué medidas tomó durante su gestión al frente de la Secretaría de Marina, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.

A pesar de la relevancia de su testimonio, su comparecencia no se ha concretado. De acuerdo con lo expuesto por los abogados, la FGR ha manifestado que no ha podido localizar al almirante retirado, aunque se trata de un exintegrante del gabinete federal y de quien encabezó una institución estratégica del Estado mexicano durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Rafael Ojeda deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al Contralmirante Rubén Guerrero”, expuso la defensa.

El marino mencionado es Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien documentó presuntas irregularidades en las aduanas y habría comunicado sus señalamientos a los niveles superiores de la Marina. El contralmirante fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, después de haber advertido sobre una estructura de corrupción relacionada con el contrabando de combustibles.

Una investigación periodística basada en la carpeta del caso reveló que la FGR tardó aproximadamente ocho meses en formalizar la investigación después de las primeras denuncias de Guerrero Alcántar. También se ha documentado una reunión celebrada el 10 de octubre de 2024 en oficinas del alto mando naval, semanas antes de su homicidio.

La comparecencia de Rafael Ojeda Durán resulta relevante no solamente porque los acusados son sus sobrinos políticos. Durante su gestión, la Marina asumió el control de puertos y aduanas marítimas bajo el argumento de combatir la corrupción y garantizar la seguridad de las operaciones comerciales. La presunta red de huachicol fiscal habría crecido precisamente dentro de esa estructura militarizada.

El choque entre la versión de la Fiscalía y la de los abogados deberá resolverse con el inventario oficial del cateo, las actas ministeriales, los dictámenes periciales y la cadena de custodia. También tendrá que determinarse si los documentos realmente poseen una clasificación de seguridad nacional y si las firmas atribuidas a Ojeda Durán son auténticas.

La fecha de la orden de cateo tampoco invalida automáticamente las pruebas obtenidas, pero sí obliga a la FGR a explicar por qué presentó públicamente la diligencia meses después y cuál fue el proceso de análisis de los documentos asegurados.

El caso ya no se limita a establecer la probable responsabilidad penal de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. También exige reconstruir la cadena de información y de decisiones dentro de la Secretaría de Marina. Si Rafael Ojeda recibió denuncias, firmó los documentos y conoció las anomalías, deberá explicar qué hizo con esa información y por qué la presunta estructura continuó operando.

La FGR enfrenta así una prueba de credibilidad. Puede sostener su acusación contra los hermanos Farías Laguna, pero difícilmente podrá cerrar el expediente sin interrogar a quien comandaba la institución, firmaba los oficios y tenía autoridad sobre los puertos, las aduanas y los altos mandos señalados.