Una multitud de batas blancas tomó Paseo de la Reforma y llegó hasta las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exhibir una crisis que, según sus trabajadores, se vive todos los días dentro de los hospitales: falta de medicamentos, escasez de materiales, insuficiencia de personal, sobrecarga laboral y salarios que consideran deteriorados.

La movilización del martes 13 de octubre se convirtió en una de las expresiones más visibles del descontento de médicos, enfermeras y personal administrativo contra las condiciones en que opera la institución, pero también contra la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández, a quien los inconformes acusan de no defender adecuadamente sus intereses.

El conflicto tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada decisiva. Un padrón de 476 mil 260 trabajadores en activo podrá participar en una consulta sindical nacional, organizada en aproximadamente 670 puntos de votación, para aceptar o rechazar la propuesta de incremento salarial avalada previamente por el Congreso Nacional del sindicato.

La oferta contempla un 2.9 por ciento de aumento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, que las autoridades presentan como un incremento global de 6.8 por ciento. Sin embargo, los trabajadores movilizados exigen 10 por ciento directo al salario base, una diferencia sustancial porque los aumentos en prestaciones no tienen necesariamente el mismo efecto sobre el ingreso tabular.

La inconformidad rebasa la discusión salarial. Durante la marcha, los representantes de los trabajadores dieron lectura a un pliego petitorio de diez puntos, que incluye mayor presupuesto para el sector salud, abastecimiento suficiente de medicamentos y materiales médicos, contratación de personal, cobertura de plazas vacantes y revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

La enfermera América Barragán, procedente de Jalisco y adscrita a la Sección 3 del SNTSS, resumió uno de los principales reclamos del movimiento:

“Los trabajadores señalamos que las exigencias de atender a más pacientes y en menos tiempo, afectan tanto a las condiciones laborales como a la calidad y oportunidad de los servicios médicos”.

Su señalamiento coloca el problema más allá de una negociación contractual. La precariedad laboral y el deterioro de la atención médica son dos manifestaciones de una misma insuficiencia institucional: cuando faltan médicos, enfermeras, medicamentos o material de curación, las consecuencias alcanzan directamente a millones de derechohabientes.

Las protestas comenzaron a intensificarse desde el 8 de octubre, después de que una mesa de negociación instalada en la Secretaría de Gobernación concluyó sin acuerdos satisfactorios para los inconformes. Posteriormente se registraron bloqueos, concentraciones y plantones en distintas ciudades del país.

El movimiento también abrió un frente contra la representación sindical. Los manifestantes cuestionan la actuación de Rafael Olivos Hernández y reclaman mecanismos efectivos de participación de las bases en las decisiones sobre sus condiciones laborales.

Por ello, ante la consulta de este miércoles, los trabajadores convocaron a establecer comités de vigilancia para supervisar el proceso y prevenir posibles irregularidades, manipulaciones o resultados fraudulentos. Aunque han expresado desconfianza hacia la consulta, también llamaron a participar y votar contra la propuesta salarial.

El procedimiento contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños López, con el compromiso de garantizar una votación libre, personal, directa y secreta.

Mientras tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una estrategia de diálogo directo en 277 hospitales de segundo y tercer nivel, destinada a identificar deficiencias en el abastecimiento de medicamentos, materiales de curación, cobertura de personal, mantenimiento de instalaciones y condiciones de trabajo.

La dirección del Instituto sostiene que las unidades médicas continúan operando y que los servicios esenciales están garantizados. También asegura que, desde 2019, la plantilla de trabajadores de base creció en 94 mil 631 plazas, hasta alcanzar 455 mil 454 empleados.

Sin embargo, el incremento de personal que presenta la institución no invalida las denuncias de insuficiencia en determinados hospitales y especialidades. El problema no consiste únicamente en cuántos trabajadores tiene el IMSS, sino en si su distribución, los recursos disponibles y la infraestructura permiten responder oportunamente a la demanda de servicios médicos.

La crisis adquiere una dimensión política para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya administración ha colocado la ampliación de la cobertura médica y el fortalecimiento del sistema público de salud entre sus principales compromisos.

La contradicción resulta evidente: mientras el Gobierno federal plantea ampliar los servicios, una parte de quienes deben proporcionar esa atención denuncia que las condiciones materiales y humanas actuales son insuficientes.

La controversia sobre las jubilaciones también representa un desafío de mayor alcance. Los trabajadores demandan revisar el régimen pensionario y cuestionan el sistema de Afores, aunque el IMSS sostiene que algunas de esas modificaciones requieren reformas legales y no pueden resolverse exclusivamente mediante la negociación institucional.

Para este miércoles están previstas nuevas marchas, concentraciones y bloqueos en distintas entidades del país, mientras se desarrolla la consulta salarial.

El resultado de la votación permitirá medir el respaldo o rechazo de los trabajadores a la negociación encabezada por su dirigencia sindical, pero difícilmente resolverá por sí solo el conjunto de demandas acumuladas.

El conflicto del IMSS ya no es solamente una disputa por el porcentaje de aumento salarial. Es una protesta contra las condiciones en que funciona una de las instituciones fundamentales de la seguridad social mexicana.

Y detrás de las miles de batas blancas que ocuparon Paseo de la Reforma aparece una advertencia para el Gobierno federal: no puede construirse un sistema de salud más amplio sin garantizar primero los recursos, el personal y los insumos indispensables para atender a los pacientes.