La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que cuenta con indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos públicos, por lo que inició una investigación de oficio que podría alcanzar a funcionarios y empresarios relacionados con el organismo electoral.
El anuncio representa un nuevo episodio en la controversia que enfrenta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cuestionada por su estrecha relación personal con José Alfredo Hernández Casillas, empresario proveedor de materiales electorales cuyos vínculos con el instituto han sido objeto de publicaciones periodísticas e investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La ASF informó que sus indagatorias no estarán limitadas a las oficinas centrales del INE, sino que comprenderán también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, funcionarios públicos y proveedores que pudieran estar involucrados en las operaciones investigadas.
En su comunicado, el órgano fiscalizador señaló:
“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.”
La institución sostuvo que ejercerá sus nuevas atribuciones para investigar los hechos y determinar si existieron responsabilidades en el manejo de recursos federales.
“Derivado de las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes, este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”, indicó.
La investigación ocurre después de una serie de revelaciones sobre las relaciones personales y comerciales de proveedores del instituto con personas cercanas a su presidenta.
Entre los señalamientos destaca la relación de Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, así como las controversias alrededor de Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de la consejera presidenta y vinculado como apoderado legal con Corporativo Zeg, empresa relacionada con el suministro de materiales electorales.
Estos antecedentes han abierto interrogantes sobre los procedimientos de contratación, los mecanismos de supervisión administrativa y la posible existencia de conflictos de interés entre servidores públicos y empresas beneficiadas con contratos electorales.
La participación de la ASF introduce una dimensión distinta a las denuncias periodísticas, pues ahora corresponde a una autoridad fiscalizadora examinar documentos, operaciones financieras, procesos de adjudicación y eventuales vínculos entre los participantes.
Sin embargo, la existencia de indicios no significa que se hayan acreditado delitos ni responsabilidades individuales. La Auditoría todavía no identifica públicamente los contratos específicos bajo revisión ni ha difundido una relación de funcionarios o empresas sujetos a posibles procedimientos de responsabilidad.
La controversia también ha generado presiones políticas contra Guadalupe Taddei. Representantes de partidos ante el Consejo General y exfuncionarios electorales han cuestionado su permanencia al frente del instituto mientras se esclarecen sus relaciones con proveedores.
La propia consejera presidenta ha rechazado las acusaciones y sostiene que enfrenta una campaña de presiones y descalificaciones. También ha insistido en que corresponde a las instancias fiscalizadoras determinar si existieron irregularidades.
En entrevistas radiofónicas realizadas entre el jueves y este viernes, Taddei señaló precisamente a la ASF como la autoridad competente para revisar las contrataciones cuestionadas.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se realicen las auditorías necesarias y que se esclarezcan los señalamientos relacionados con la administración del organismo electoral.
El caso coloca bajo escrutinio no solamente la gestión administrativa del INE, sino también la credibilidad de una institución cuya principal responsabilidad es garantizar elecciones confiables, imparciales y transparentes.
La importancia de las investigaciones aumenta ante la proximidad del proceso electoral de 2027, cuando el instituto deberá organizar los comicios federales intermedios y coordinarse con organismos electorales estatales.
