En medio del discurso de Claudia Sheinbaum contra las llamadas “pensiones doradas”, el exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, recuperó el acceso a dos cuentas bancarias donde recibe tres pensiones llegan a 1.6 millones de pesos anuales, casi el doble de lo que percibía como mandatario estatal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, levantó parcialmente el bloqueo que mantenía desde mayo sobre los recursos del político sinaloense, de 77 años, en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La resolución permite que Rocha Moya disponga de sus pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de la que fue rector entre 1993 y 1997.
De acuerdo con su actualización patrimonial presentada el 20 de mayo de 2026, el morenista reportó ingresos de 760 mil 313 pesos por jubilación de la UAS y 554 mil 697 pesos por pensión del IMSS, que suman un millón 315 mil 10 pesos.
En su declaración anterior también había reportado 316 mil 102 pesos por una pensión del ISSSTE, concepto que no apareció desglosado en la actualización correspondiente a 2025.
La suma de esas tres cantidades alcanza un millón 631 mil 112 pesos, aunque corresponden a declaraciones de periodos distintos y no deben presentarse como el ingreso comprobado de un mismo año.
En contraste, por concepto de salario y prestaciones como gobernador, Rocha Moya declaró 797 mil 14 pesos durante 2025, una cantidad considerablemente inferior a los recursos que obtiene mediante su sistema de pensiones.
El contraste resulta particularmente relevante porque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente las restricciones a las llamadas “pensiones doradas”, con el argumento de impedir pagos excesivos a exfuncionarios.
Sin embargo, las medidas contra pensiones extraordinarias no significan que todas las jubilaciones elevadas sean ilegales. En el caso de Rocha Moya, la controversia también radica en la acumulación de tres prestaciones y en la protección judicial que obtuvo mientras enfrenta señalamientos de narcotráfico.
Una suspensión judicial, no una absolución
La UIF ejecutó el desbloqueo parcial el 5 de noviembre, mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026, después de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA concediera una suspensión provisional.
La Secretaría de Hacienda explicó:
“Se concedió una suspensión provisional a un ex funcionario del Gobierno de Sinaloa, que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.”
También precisó:
“La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”.
La dependencia aclaró que no existe un desbloqueo total del patrimonio del exmandatario y que otros recursos bancarios permanecen sujetos a restricciones.
El beneficio judicial tampoco significa que haya sido exonerado de las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la organización criminal de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la acusación, los implicados habrían colaborado con la estructura conocida como Los Chapitos, permitiendo operaciones del narcotráfico en Sinaloa.
Después de estos señalamientos, Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. El morenista ha rechazado las acusaciones en su contra.
La autorización para recibir sus pensiones ocurre mientras continúa pendiente una definición judicial sobre su situación penal.
El contraste con Ernesto Ruffo
La resolución favorable a Rocha Moya contrasta con la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, antiguo militante del PAN y actualmente vinculado a Somos, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto huachicol fiscal.
A diferencia del exmandatario sinaloense, Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026, ingresó al penal del Altiplano y posteriormente obtuvo autorización para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California.
Sus cuentas bancarias también fueron bloqueadas por la UIF como parte de las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que ha sido accionista.
El caso involucra señalamientos por delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y operaciones financieras presuntamente irregulares, cuya responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
El 29 de octubre, una jueza federal concedió a Ruffo una suspensión definitiva que impide avanzar a la etapa de juicio oral mientras se resuelve su amparo. Sin embargo, la resolución no elimina las acusaciones ni modifica su prisión domiciliaria.
La defensa de Ruffo ha enfrentado, además, las consecuencias de las restricciones financieras impuestas por la UIF, que permanecen como un elemento central de su situación patrimonial.
Los casos presentan diferencias jurídicas importantes: Rocha Moya obtuvo una suspensión específica para disponer de pensiones protegidas por la ley, mientras que la resolución favorable a Ruffo se refiere al avance de su proceso penal.
Por ello, la diferencia entre ambos tratamientos no demuestra por sí sola una intervención política, pero sí plantea interrogantes sobre la actuación de la UIF y la aplicación de medidas cautelares a exgobernadores investigados por delitos graves.
En el caso de Rocha Moya, la justicia administrativa protegió el acceso a sus ingresos de retiro, mientras la acusación presentada por Estados Unidos sigue abierta.
En el de Ruffo, la FGR mantiene la persecución penal y el exmandatario continúa privado de su libertad en su domicilio.
