Mañana lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un proyecto de reforma para debilitar al Poder Judicial, al reducir de 11 a 9 ministros, reducir salario de jueces, magistrados y ministros, además de someterlos al voto popular en junio del 2025, que en anteriores prácticas ha estado manipulado por Morena y sus aliados. 

Aún cuando fue desechado por la Cámara de Diputados el año pasado, el presidente se ha fijado como un objetivo primordial de la Cuarta Transformación el debilitar al poder autónomo que se ha constituído como el mayor contrapeso y garante de la constitucionalidad del Estado Mexicano.

El proyecto prevé reducir también el tiempo de operación de los ministros de 15 a 12 años, y serían renovados en elecciones escalonadas, cada tres años.

De igual forma, prohibirá a los integrantes del Poder Judicial dar suspensiones generales en leyes controvertidas y sancionar a los Ministros que no resuelvan asuntos fiscales en seis meses.

La presidencia de la Suprema Corte dejaría de presidir al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura, por lo tanto, este órgano desaparecería y habría dos nuevos organismos: uno de control interno, llamado Tribunal de Disciplina Judicial, y otro dedicado a la administración del Poder Judicial.

El nuevo Tribunal será el encargado de sancionar a los juzgadores federales e, incluso, tendrá la atribución de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra Ministros de la Corte.

El Tribunal de Disciplina podrá investigar a funcionarios jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.

La reforma constitucional al Poder Judicial prohíbe también el pago de los haberes de retiro para los Ministros que serían relevados del cargo y para los electos, pero se les respeta la pensión vitalicia a quienes ya gozan de ella, como es el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero y el ex Ministro Arturo Zaldívar.

La propuesta insiste en prohibir que las remuneraciones de los Ministros, Magistrados y jueces de distrito sean mayores a la del Presidente de la República.

La reforma se ve como una dura respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica -impulsada por López Obrador- en la Segunda Sala de la Corte, que preside el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien Morena promete llevarlo a tribunales además de impulsar su destitución.