La organización Amnistía Internacional elevó la presión internacional sobre México al solicitar que la crisis de desapariciones sea reconocida como una emergencia nacional, en un posicionamiento dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. En su comunicación, respaldó la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo excepcional que se utiliza cuando existen indicios de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

El llamado se sostiene en cifras que exhiben la dimensión estructural del problema. Con más de 133 mil personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad del 99.6%, la organización advierte que México enfrenta una crisis que no sólo es de seguridad, sino también de colapso institucional en materia de justicia y capacidad forense. A esto se suma la existencia de más de 2,300 colectivos de familiares y el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas, indicadores que reflejan una tragedia sostenida durante casi dos décadas.

Amnistía Internacional subrayó que desde 2006 se concentra el grueso del fenómeno, con 118,207 personas desaparecidas, equivalentes al 89% del total actual, lo que vincula la crisis con la estrategia de seguridad iniciada en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. En este sentido, cuestionó la narrativa oficial que reduce el problema a la acción exclusiva del crimen organizado.

En su posicionamiento, la organización sostuvo que existen evidencias de patrones más complejos, donde la desaparición ocurre con participación o tolerancia de autoridades. Advirtió que en diversos casos hay aquiescencia o intervención directa de servidores públicos, lo que eleva la gravedad del fenómeno al ámbito de responsabilidad estatal. Bajo esta lógica, calificó como un “hito histórico” la decisión del comité de la ONU de activar el procedimiento internacional, al considerar que abre un canal directo de escrutinio sobre el Estado mexicano.

El señalamiento también apunta a los riesgos institucionales recientes. Amnistía alertó que cambios en estructuras gubernamentales podrían limitar el acceso a la justicia y a la información, en un entorno donde la impunidad se mantiene como el principal motor de repetición del delito. La organización insistió en que el reconocimiento de la crisis como emergencia permitiría movilizar recursos, asistencia técnica internacional y mecanismos de supervisión más robustos.

En el trasfondo, el pronunciamiento revive una tensión constante entre el Estado mexicano y los organismos internacionales de derechos humanos. Mientras el gobierno ha defendido su estrategia y rechazado señalamientos de injerencia, organismos como el de la ONU han incrementado la presión al considerar que existen elementos para calificar las desapariciones como generalizadas y sistemáticas.

La postura de Amnistía Internacional no sólo refuerza ese diagnóstico, sino que coloca a México ante un escenario de mayor escrutinio global, en el que la cooperación internacional deja de ser una opción política y se perfila como una exigencia urgente frente a una crisis humanitaria sin precedentes.