La narrativa fundacional de la llamada austeridad republicana —el combate frontal a los privilegios— enfrenta hoy un nuevo punto de quiebre. Los casos vinculados a las familias de Marcelo Ebrard Casaubón y Gerardo Fernández Noroña colocan sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la 4T erradicó los privilegios o simplemente los redistribuyó?

El caso más reciente golpea directamente al actual secretario de Economía. Su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vivió durante seis meses en la residencia oficial de la embajada de México en Londres, en una de las zonas más exclusivas de la capital británica, con servicios incluidos que corrieron a cargo del Estado mexicano, De acuerdo con el periodista Claudio Ochoa Huerta, en su columna publicada hoy en El Universal.

No se trató solo de hospedaje ofrecido por la embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena. De acuerdo con la información publicada, el joven tuvo acceso a limpieza, lavandería, planchado de ropa y alimentación preparada por una cocinera, todo dentro de una sede diplomática diseñada para funciones oficiales.

El propio Ebrard reconoció el hecho y lo justificó como resultado de una invitación de la entonces embajadora. Sin embargo, el punto crítico no es la invitación, sino la ausencia de claridad normativa: no existe evidencia pública de los criterios legales que permitieron que un particular utilizara una residencia del Estado con esos beneficios.

El episodio no solo abre dudas sobre el uso de recursos públicos, sino que exhibe una lógica de acceso: la diplomacia como extensión del privilegio familiar.

En paralelo, el caso del hijo de Noroña se mueve en otra dimensión, pero con el mismo fondo: el acceso al aparato estatal. Kin Yael Villafaña Morán, hijo del senador, trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y ha sido objeto de cuestionamientos por su nivel de ingresos y ascenso dentro de la empresa pública.

Según datos difundidos en declaraciones patrimoniales, en 2024 percibió más de 1.39 millones de pesos anuales, lo que equivale a alrededor de 115 mil pesos mensuales considerando prestaciones y compensaciones.

El contraste es lo que alimenta la polémica. Mientras registros oficiales muestran sueldos menores en ciertos periodos —alrededor de 20 mil pesos mensuales en reportes específicos—, las cifras globales apuntan a ingresos mucho más elevados, asociados a su evolución dentro de la estructura de la empresa.

Ante las críticas, Noroña no negó los datos. Optó por el terreno político: calificó los señalamientos como una “campaña canalla” y defendió que sus hijos “sí trabajan” y se han abierto camino por mérito propio.

Ahí está el punto de quiebre. No es la legalidad —hasta ahora no hay investigaciones formales en ninguno de los casos—, sino la coherencia.

Porque el discurso de la 4T no fue solo administrativo, fue moral. Se construyó sobre la premisa de que el poder no debía beneficiar a los cercanos, de que la cercanía al gobierno no debía traducirse en ventajas.

Hoy, los casos de Ebrard y Noroña no prueban ilegalidad, pero sí exhiben algo más complejo: una zona gris donde el acceso, la influencia y la cercanía política parecen abrir puertas que no están disponibles para el ciudadano común.

Los hijos del poder presidencial

Los casos de Ebrard y Noroña no ocurren en el vacío. Se insertan en una serie de episodios que, desde el inicio del sexenio, han marcado la discusión pública sobre privilegios en el entorno más cercano del poder.

El más emblemático fue el de José Ramón López Beltrán, quien vivió en Houston junto a su esposa Carolyn Adams en una residencia de alto valor vinculada a un contratista de Pemex, lo que detonó cuestionamientos por posible conflicto de interés y contradicción directa con el discurso presidencial de austeridad.

A este caso se suman los señalamientos en torno a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, por los presuntos beneficios a su círculo cercano en contratos públicos y su presencia en escenarios internacionales como Tokio, lo que ha alimentado la percepción de una red de influencia informal ligada al poder presidencial.

También se ha documentado la estancia de Jesús Ernesto López Gutiérrez en Londres, bajo la gestión de la entonces embajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, en un contexto que vuelve a colocar en el centro el uso de representaciones diplomáticas para fines ajenos a su función estrictamente institucional.

En conjunto, los casos dibujan un mismo trazo: el poder político no desapareció los privilegios, los reconfiguró.

No hay, hasta ahora, sentencias judiciales que acrediten ilegalidades en estos episodios. Pero la discusión ya no es jurídica, es política y ética. Porque la 4T no solo prometió gobernar distinto; prometió ser distinta.

Y en política, esa percepción es suficiente para erosionar la narrativa de Claudia Sheinbaum.