La Presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono en su estrategia para contener el precio de los combustibles al advertir que podría recurrir al Servicio de Administración Tributaria contra las estaciones que no se alineen con los topes establecidos por el Gobierno, en lo que se perfila como un giro hacia mecanismos de presión institucional en un mercado formalmente liberalizado.

Desde la conferencia matutina, la mandataria cuestionó que el diésel se comercialice por arriba de los 28 pesos, pese a los apoyos públicos destinados a contener su costo. “No hay razón para el precio que están poniendo al diesel muchas gasolineras, no tiene razón de ser. Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diesel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diesel muy alto”, sostuvo.

La política de contención ha sido instrumentada por la Procuraduría Federal del Consumidor, que inició la colocación de lonas en estaciones que superan los precios de referencia de 24 pesos para gasolina Magna y 28 pesos para diésel, en un esquema que, aunque presentado como voluntario, incorpora mecanismos de exhibición pública y verificación directa.

“Ahora estamos con lonas, pero también vamos a revisar por qué lo hacen, con el SAT y con todas las instituciones que tiene el Gobierno de México”, advirtió Sheinbaum, abriendo la puerta a una escalada que trasciende la supervisión comercial y entra en el terreno fiscal.

Datos oficiales indican que el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 28.50 pesos al 18 de abril, con un 35 por ciento de estaciones por encima de ese nivel. El titular de Profeco, Iván Escalante, detalló que, aunque cerca del 65 por ciento de las estaciones se mantiene por debajo de ese umbral, persisten márgenes elevados en una proporción relevante del mercado.

El funcionario explicó que se han realizado decenas de verificaciones y que la colocación de lonas ocurre tras solicitar a los proveedores la justificación de sus precios, en un intento por transparentar márgenes de ganancia considerados excesivos.

El trasfondo económico se combina con un argumento político: el impacto del precio del diésel en el transporte de mercancías y, por ende, en la inflación. “No pueden estarse pasando de este precio, representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el País”, enfatizó la Presidenta, al tiempo que señaló que la caída del precio del petróleo —de 100 a 88 dólares— abre margen para reducir aún más los costos.

Sin embargo, el elemento más sensible es la eventual intervención del SAT, que desde las reformas recientes al Código Fiscal de la Federación cuenta con facultades ampliadas para sancionar contribuyentes. Especialistas advierten que estas herramientas incluyen la cancelación de sellos fiscales, congelamiento de cuentas bancarias y determinación de créditos fiscales, lo que introduce un componente de riesgo regulatorio para el sector gasolinero.

En este contexto, la política de precios “voluntarios” se transforma en un esquema híbrido donde la presión administrativa, la exhibición pública y la amenaza fiscal configuran un nuevo equilibrio entre el Estado y los distribuidores de combustibles.