En un giro que revela tensiones internas y reconocimiento de fallas estructurales, diputados de Morena impulsan aplazar la elección judicial hasta junio de 2028, alejándola de los procesos electorales políticos con los que originalmente se pretendía empatarla. La propuesta, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar y respaldada por Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, implica modificar diversos artículos constitucionales.
El planteamiento reconoce que la concurrencia entre elecciones judiciales y políticas no solo complica la organización electoral, sino que también erosiona la calidad del voto y la deliberación pública, en un proceso que exige perfiles altamente técnicos. En ese sentido, los promoventes advierten que “la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales genera riesgos institucionales como una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”.
El ajuste propuesto no es menor. Supone replantear el calendario de uno de los cambios más profundos al sistema judicial en décadas, en medio de dudas sobre su implementación práctica y su impacto en la independencia de jueces y magistrados. Bajo este nuevo enfoque, Morena busca ganar tiempo para reordenar el modelo, reducir el ruido político y contener el desgaste institucional que ha generado la reforma.
A este viraje se suman críticas acumuladas por el desempeño del proceso anterior, señalado como un desastre operativo y político, donde -según voces opositoras y analistas- las prácticas irregulares derivaron en el mote de “jueces, magistrados y ministros del acordeón”, aludiendo a mecanismos de orientación del voto que convierten el sufragio en un escenario altamente manipulable. Este señalamiento ha tenido eco fuera del país, donde distintos observadores han advertido que estas distorsiones debilitan la certeza jurídica, un factor clave en la evaluación de riesgos para la inversión.
Además del cambio de fecha, la iniciativa introduce una modificación clave en el mecanismo de selección: desaparecen los comités de evaluación de cada poder y se plantea la creación de un Comité Único de Evaluación integrado por los tres Poderes de la Unión, lo que abre un nuevo debate sobre equilibrios, concentración de influencia y posibles controles cruzados.
El movimiento legislativo sugiere que, tras el impulso inicial de la reforma judicial, el oficialismo enfrenta ahora los límites operativos y políticos de su propio diseño, en un contexto donde la credibilidad del proceso dependerá no solo de su narrativa, sino de su viabilidad técnica, la transparencia de sus reglas y la confianza pública -nacional e internacional- que logre reconstruir hacia 2028.
