El Gobierno de Zacatecas dio un paso clave para consolidar su estrategia de seguridad en la región serrana de Jerez, al formalizar un convenio jurídico con el ejido de Palmas Altas y la Procuraduría Agraria, con el objetivo de garantizar la legalidad del predio donde será construido un nuevo Destacamento Regional de Seguridad (Deres).

La firma del instrumento legal no sólo busca destrabar el uso de recursos públicos para la obra, sino evitar futuros litigios agrarios, observaciones de auditoría o cuestionamientos patrimoniales derivados de la falta de certeza jurídica sobre la tierra. En el acto participó el gobernador David Monreal Ávila, quien asumió una postura centrada en la disciplina administrativa y la responsabilidad fiscal como parte de la narrativa de pacificación impulsada por su administración.

Ante representantes de la Mesa de Construcción de Paz, el mandatario defendió la necesidad de formalizar cada etapa del proyecto y sostuvo que el manejo del presupuesto estatal obliga a blindar jurídicamente las obras públicas vinculadas a seguridad.

“Administramos recurso público, recurso del pueblo, y se deben de hacer las cosas de manera formal, diligente, para no dejar problemas”, declaró David Monreal Ávila.

El mensaje también funciona como una referencia indirecta a proyectos heredados o ejecutados en anteriores administraciones que fueron desarrollados sin regularización plena de predios, situación que en distintos puntos del país ha derivado en conflictos legales, invasiones, reclamos ejidales o limitaciones para ejercer presupuesto público.

El convenio fue avalado por Santos Godoy Álvarez, presidente del ejido; Carmelina Campos Barrientos, secretaria; y Andrés Martínez Luévano, tesorero, quienes autorizaron el cambio de vocación de las tierras comunitarias para permitir la instalación de infraestructura de seguridad estatal y federal. El proceso fue protocolizado por el delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Enrique Pérez Compeán.

La dimensión política y estratégica del proyecto quedó evidenciada con la presencia de autoridades federales y estatales ligadas a procuración de justicia e inteligencia. En el evento participaron el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Javier Esquivel Cruz, y el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, quienes respaldaron el acto institucional en una zona considerada históricamente vulnerable a la operación de grupos delictivos.

Además, destacó la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de su jefe de estación, Juan Gabriel Sosa Pinto, cuya presencia confirma que la ubicación del destacamento responde a criterios de inteligencia federal y a un análisis territorial enfocado en contener rutas logísticas utilizadas por organizaciones criminales en la sierra zacatecana.

Con la regularización concluida, el siguiente paso recaerá sobre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Obras Públicas, dependencias que deberán iniciar los procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución del complejo de seguridad. A partir de ahora, el foco del escrutinio público se desplazará hacia el manejo presupuestal, los tiempos de construcción y la efectividad real del nuevo Deres dentro de la estrategia de pacificación prometida por el gobierno de David Monreal Ávila.