La crisis de desapariciones en México ha escalado a un punto de tensión internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtiera que la situación podría constituir un crimen de lesa humanidad, abriendo la posibilidad de que el caso sea llevado ante instancias superiores de la Organización de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento ocurre en un contexto particularmente delicado: más de 130 mil personas desaparecidas y un patrón que, lejos de disminuir, muestra una transformación en la forma en que opera la violencia en el país.

Menos cuerpos, más desaparecidos: la nueva lógica criminal

En los últimos tres años, analistas en materia de seguridad han advertido un cambio táctico en los grupos del crimen organizado: la reducción de ejecuciones visibles y abandono de cuerpos en espacios públicos, sustituida por el incremento en desapariciones de personas.

Esta modificación no es menor. Responde, según especialistas, a una estrategia deliberada para disminuir la presión mediática y social, tanto sobre las organizaciones criminales como sobre las autoridades.

El resultado es un fenómeno doblemente funcional: Para los grupos delictivos, implica operar con menor exposición pública y menor impacto inmediato en la opinión pública. Para el gobierno, permite una disminución en las cifras oficiales de homicidio doloso, uno de los indicadores más sensibles en la evaluación de la seguridad.

Y es que, en términos estadísticos y legales, una persona desaparecida no se contabiliza automáticamente como víctima de homicidio, lo que genera una distorsión en la lectura real de la violencia.

El Comité de la ONU ha sido claro: no se requiere una política de Estado explícita para configurar un crimen de lesa humanidad, sino que basta con la magnitud, sistematicidad y dirección de los ataques contra la población civil.

En México, estos elementos se reflejan en el hallazgo constante de fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos recuperados, así como en la persistencia del fenómeno a lo largo de distintos sexenios, lo que apunta a una crisis estructural y sostenida.

Rechazo oficial y disputa por las cifras

Frente al señalamiento internacional, el gobierno mexicano ha optado por el rechazo del diagnóstico, en una postura que busca desacreditar la interpretación del organismo internacional.

La administración de Claudia Sheinbaum ha defendido sus cifras y ha impulsado revisiones metodológicas en el registro de desaparecidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible reconfiguración estadística de la violencia.

En este contexto, la disminución de homicidios dolosos cobra otra dimensión: ¿se trata de una mejora real en seguridad o de un desplazamiento del delito hacia la desaparición?

Colectivos y ONGs: la otra narrativa

En contraste con la postura oficial, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han respaldado el posicionamiento de la ONU, al considerar que refleja la realidad que enfrentan miles de familias.

Para estos grupos, el incremento de desapariciones no sólo implica una tragedia humanitaria, sino también una forma de invisibilizar la violencia, al trasladarla de las calles a fosas clandestinas o paraderos desconocidos.

Impunidad estructural y simulación estadística

El fondo del problema radica en una combinación de factores:
impunidad, debilidad institucional y posibles incentivos políticos para maquillar cifras.

La falta de investigación efectiva y la baja judicialización de los casos permiten que la desaparición se convierta en una herramienta funcional dentro del ecosistema criminal, al tiempo que contribuye a una simulación de mejora en los indicadores de seguridad.

El señalamiento de la ONU, en este contexto, no sólo es una advertencia internacional, sino un cuestionamiento directo a la forma en que México mide, interpreta y enfrenta la violencia.