El hallazgo de al menos cinco cuerpos en un pozo de riego abandonado en los límites de Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas vuelve a colocar a Guanajuato en el centro de la crisis de violencia y desapariciones que golpea a la región del Bajío. La localización, realizada por autoridades estatales en coordinación con colectivos de búsqueda, confirma un patrón recurrente: el uso de infraestructura rural en desuso como sitios de ocultamiento de víctimas.
De acuerdo con información preliminar difundida por el periódico AM, las víctimas serían dos mujeres y tres hombres, cuyos cuerpos fueron arrojados en una zona de parcelas. El hallazgo no derivó de labores de inteligencia institucional, sino de un aviso ciudadano tras la detección de “olores fétidos que salían del pozo”, lo que evidencia nuevamente el papel central de la sociedad civil ante la insuficiencia de los mecanismos oficiales de búsqueda.
En el lugar se desplegaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), fuerzas de seguridad y colectivos, quienes continuaban hasta la noche del martes con maniobras de recuperación y procesamiento pericial. Sin embargo, persiste la opacidad: no se ha informado la identidad de las víctimas, ni el tiempo que llevaban en el sitio, ni líneas claras de investigación, lo que refuerza la percepción de rezago forense y debilidad institucional.
El caso no es aislado. Se inserta en una secuencia de hallazgos sistemáticos en la franja del corredor Laja-Bajío, una zona marcada por la disputa territorial entre grupos criminales y el colapso de condiciones de seguridad. En enero, fueron localizados 18 cuerpos en fosas clandestinas en Villagrán y Juventino Rosas; posteriormente, se reportó otro evento con 25 cuerpos arrojados en pozos profundos en la comunidad de Franco Tavera. A finales de marzo, nuevamente se encontraron restos en otro pozo abandonado en la comunidad de Mexicanos, en Villagrán.
La recurrencia de estos hallazgos configura un patrón de exterminio y ocultamiento, donde los pozos y fosas funcionan como depósitos clandestinos en zonas agrícolas de difícil acceso. Este fenómeno no sólo refleja la capacidad operativa de grupos criminales, sino también la fragilidad de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ha emitido un posicionamiento oficial sobre el hallazgo más reciente, lo que amplifica la incertidumbre y el reclamo de colectivos que, en muchos casos, sustituyen al Estado en la búsqueda de desaparecidos.
